El jueves 11 de marzo en Plaza Dignidad, la periodista y defensora de derechos humanos Paulina Acevedo, fue detenida por Carabineros mientras ejercía sus labores como periodista cubriendo el retiro de la estatua del General Baquedano de la zona. En el incidente, la profesional reporteaba el hecho en compañía de su hijo, Simón Basilio, quien también fue detenido, pero posteriormente dejado en libertad. Ambos estaban en el lugar bajo un permiso colectivo para cumplir labores de prensa.

En los hechos, Paulina Acevedo se encontraba cubriendo el punto de prensa de las autoridades posterior al retiro de la estatua, cuando ve cómo detienen a su hijo que estaba realizando labores de registro fotográfico de la actividad. Al ir al carro policial donde se producía la detención, y preguntar las razones de esta, la periodista y defensora de derechos humanos también fue detenida, reteniéndole sus instrumentos de trabajo profesionales.

La periodista será pasada a control de detención por los artículos 261, “atentado contra la autoridad” y el 318, “poner en peligro la salud pública”. Consideramos que ambas acusaciones no tienen peso, ya que el preguntar el por qué de una detención no es ningún caso un delito contra la autoridad y solo es un sano ejercicio de derechos. En el caso de la segunda acusación, existen registros fotográficos que muestran a la acusada con mascarilla en todo momento, además de portar su permiso colectivo de trabajo.

Desde el Observatorio Ciudadano y la Asociación Chilena de Organizaciones No Gubernamentales, Acción AG, condenamos profundamente este atropello al libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. No es posible que los periodistas y defensores de derechos humanos no puedan ejercer su derecho a cubrir e informar acerca de eventos que son de interés público para la sociedad, más aún en un contexto de país que se dice democrático.

Consideramos que el procedimiento de detención fue ilegal ya que ella se encontraba realizando labores propias del ejercicio de su profesión, bajo un permiso colectivo de trabajo, por lo tanto esperamos que el Tribunal así lo considere.

Finalmente, hacemos un llamado a que no se repitan estos atropellos a la libertad de expresión por parte de las fuerzas de orden y seguridad, cuyo actuar, una vez más, demuestra la imperiosa necesidad que sean intervenidas y reformadas, para que puedan actuar bajo estándares de respeto a los derechos humanos.

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