El estrepitoso fracaso que tuvo la tramitación del proyecto de ley que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural (boletín N°13218-06) en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputadas y Diputados, con una contundente votación de 11 votos a favor de rechazar el texto aprobado por la Comisión de Agricultura, es un claro reflejo de lo que sucede cuando las autoridades definen políticas públicas desde un escritorio, totalmente desconectadas de las realidades territoriales e institucionales.

Al parecer, ajeno a todo lo acontecido desde el 18 de octubre de 2019, al ministro Antonio Walker le pareció una buena idea iniciar la tramitación de un proyecto de ley para crear un nuevo ministerio sin consultar a los diferentes actores sectoriales ni a los funcionarios que serían parte de esta secretaría de Estado.

Pobremente elaborado en su articulado, el proyecto pretendía trasladar todo lo concerniente a pesca y acuicultura desde el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo a este nuevo flamante Ministerio de Agricultura, sin hacer mayores modificaciones que atendieran las innumerables necesidades del sector pesquero, como la sobreexplotación de gran parte de las especies marinas de interés comercial, la pesca ilegal, la contaminación marina y los impactos del cambio climático en el océano, entre muchos otros. Insólitamente, además, esta iniciativa legal no contaba con un presupuesto asociado, por lo cual estaría “juntando las chauchas” de todas las subsecretarías y servicios que ya existen y que trasladaría para su creación.

¿Cómo se puede entender que el Gobierno hiciera una apuesta por convertir a Chile en potencia agroalimentaria con cero presupuesto? ¿Acaso lo pretendía lograr con solo un nuevo título para un ministerio y buenas intenciones?

Resulta llamativo, además, cómo al presentar el proyecto en diferentes instancias el ministro Walker mencionaba que la pesca volvía a su casa: nada más lejos de la realidad. La verdad en nuestro país la pesca ha sido un huérfano que ha deambulado de ministerio en ministerio, pasando por siete hasta la fecha, siendo la única iniciativa real de un “hogar definitivo para la pesca” el Ministerio del Mar presentado en 1971 por el Gobierno de Salvador Allende, el cual fue aprobado por la Cámara de Diputados y rechazado por el Senado de ese entonces, no llegando a convertirse en ley.

Como era de esperarse, al tomar conocimiento de esta iniciativa de nuevo ministerio, una vez iniciada su tramitación, el sector pesquero salió a rechazar esta propuesta en una unión transversal que hace tiempo no se veía, y se empezó a levantar con fuerza desde los diferentes conglomerados la añorada necesidad de un Ministerio del Mar.

Finalmente, y con posterioridad a la votación en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, en el contexto de una reunión telemática con dirigentes de la pesca artesanal, el ministro de la cartera de Agricultura anunció el retiro del proyecto del proceso de tramitación.

Desde Fundación Terram consideramos que es esencial un proceso de diálogo entre los actores involucrados con respecto a la institucionalidad marina y pesquera en el país, pues si bien existe un llamado desde distintos sectores a la creación de un Ministerio del Mar, no está claro qué abarcaría: ¿solo la pesca y la acuicultura? ¿O todos los temas del océano dónde se involucrarían áreas que en este momento son potestad de otros ministerios, como Medio Ambiente (áreas marinas protegidas) y Defensa?

Sin duda esta es una conversación pendiente, que debe realizarse antes de la presentación de cualquier iniciativa a tramitación parlamentaria, y que debe buscar soluciones reales para los problemas institucionales que por décadas arrastra el sector pesquero.

Opinión de Elizabeth Soto, bióloga marina de Fundación Terram.