El recién inaugurado presidente de Chile, Gabriel Boric, hizo campaña en una plataforma que enfatiza reformas urgentes para apuntalar los derechos sociales en Chile, en particular la atención médica, la educación y las pensiones, todos los cuales fueron el foco de las protestas que estallaron en todo el país en octubre de 2019. También enfatizó la necesidad de establecer una nueva relación con los pueblos indígenas históricamente marginados y oprimidos de Chile, que representan alrededor del 12 por ciento de la población del país. Pero para hacerlo, tendrá que superar obstáculos formidables, incluidas las perspectivas desalentadoras que enfrenta la Convención Constituyente que actualmente está redactando una nueva constitución que es central en el programa de gobierno de Boric, así como la creciente confrontación con las organizaciones radicales mapuche en el sur de Chile.

Los pueblos indígenas de Chile se han convertido en actores políticos fundamentales en la transformación que vive el país. Si bien ha habido un conflicto histórico de larga data entre el estado chileno y los pueblos indígenas, especialmente los mapuche, con mucho el más grande de los 10 grupos indígenas del país, la relación se ha vuelto cada vez más conflictiva en las últimas décadas. La violencia ejercida tanto por agentes estatales como por algunos grupos mapuche que cuestionan la legitimidad del Estado chileno y se oponen a las inversiones extractivas en su territorio tradicional se ha intensificado drásticamente, con víctimas de ambos bandos.

A diferencia de otras partes de América Latina, la Constitución chilena no reconoce la existencia de los pueblos indígenas. Una llamada Ley Indígena, promulgada en 1993, los reconoció como grupos “étnicos” y les otorgó derechos culturales. También estableció un mecanismo de mercado para devolver las tierras de las que habían sido despojadas. Chile también suscribió las declaraciones de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos sobre los derechos de los pueblos indígenas en 2007 y 2016, respectivamente.

Sin embargo, el marco de política neoliberal impuesto por la Constitución de 1980 promulgada por el ex dictador Augusto Pinochet, junto con las políticas de privatización aplicadas desde entonces, han limitado la implementación de estos derechos. De hecho, el neoliberalismo en Chile ha fomentado la expansión de una economía extractiva en los territorios indígenas. La industria minera en el norte, la silvicultura en el sur y las granjas de salmón en el extremo sur ocupan sus territorios tradicionales, con graves impactos en los medios de vida de los pueblos indígenas.

Los mapuche se han opuesto fuertemente a tales inversiones , especialmente a los monocultivos forestales. En respuesta, el estado chileno ha utilizado a la policía e incluso al ejército en 2021 para reprimir violentamente lo que inicialmente fueron movilizaciones pacíficas que exigían la restitución de tierras tradicionales actualmente bajo propiedad corporativa. Los líderes indígenas involucrados en tales protestas han sido procesados ​​y encarcelados bajo la legislación antiterrorista que se remonta al régimen de Pinochet.

El programa de Boric enfatiza la necesidad de fomentar un “diálogo plurinacional” con las comunidades indígenas. Varios incidentes, sin embargo, han demostrado los límites de esta estrategia. 

En este contexto, varias organizaciones mapuche han tomado las armas para reclamar el control de facto de las propiedades corporativas. También han atacado camiones y maquinaria pertenecientes a la industria forestal, así como propiedades agrícolas. Aunque algunas de estas organizaciones limitan su violencia a la propiedad, otras usan la violencia indiscriminadamente, incluso contra individuos. Las bajas en ambos lados han aumentado constantemente en los últimos dos años.

Los pueblos indígenas no jugaron un papel clave en las protestas masivas de octubre de 2019 que repelieron la creciente desigualdad social y los abusos corporativos, y a su vez desencadenaron el proceso constituyente actualmente en curso . Sin embargo, están centralmente comprometidos en la Convención Constituyente elegida en mayo de 2021 , con 17 representantes indígenas elegidos para los escaños especiales reservados para ellos, de un total de 155. Desde la inauguración de la convención en julio de 2021, estos representantes han trabajado para visibilizar Principales demandas de los pueblos indígenas: declarar a Chile un estado plurinacional y reconocer sus derechos colectivos, incluyendo la libre determinación y la autonomía; sus derechos a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente usaban u ocupaban; y sus derechos culturales.

Boric es consciente de que la nueva relación con los pueblos indígenas que busca solo será posible a través del proceso constituyente que apoya su coalición. Mientras tanto, su programa enfatiza la necesidad de fomentar un “diálogo plurinacional” con las comunidades indígenas. Los temas centrales de este diálogo incluyen la restitución de tierras y la implementación de la autonomía de los pueblos indígenas. Boric también se ha comprometido a implementar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que Chile ratificó en 2008 pero nunca promulgó, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Adicionalmente, se prevé la creación de una Comisión de la Verdad para identificar a las víctimas de la violencia en el marco del conflicto mapuche y proponer mecanismos de reparación.

Desde que asumió el cargo en marzo, Boric ya retiró las fuerzas militares del territorio tradicional mapuche en la Araucanía y regiones aledañas, que fueron enviadas por su antecesor, el expresidente Sebastián Piñera, con aprobación del Congreso en 2021. También instruyó a la ministra del Interior, Izkia Siches, a encabezar un diálogo. proceso con los Pueblos Indígenas, especialmente los Mapuche, así como con los no Indígenas víctimas de la violencia en la región.

Varios incidentes, sin embargo, han demostrado los límites de esta estrategia . En la primera visita de Siches a una emblemática comunidad mapuche , fue recibida con disparos y barricadas impidiendo cualquier diálogo. Otras organizaciones mapuche radicales —particularmente en las provincias de Arauco y Malleco, el corazón de los monocultivos forestales— también han rechazado cualquier diálogo con el nuevo gobierno, declarando que seguirán usando la violencia contra los conglomerados forestales y ejerciendo lo que llaman control territorial.

A pesar de la oposición de los medios conservadores a su iniciativa, Boric ha insistido en que su gobierno está dispuesto a entablar un diálogo con todas las organizaciones mapuche que quieren lograr la paz. Los funcionarios del gobierno ya han entablado diálogos territoriales con las comunidades mapuche en un intento por resolver los urgentes conflictos sociales y de tierras. Pero hasta ahora esto no ha disminuido los ataques violentos de organizaciones mapuches radicales.

Dada la magnitud del conflicto y la desconfianza histórica entre las partes, y considerando los ejemplos de conflictos étnicos similares en otras partes del mundo, existen buenas razones para creer que se necesitará un tercero para facilitar u observar un diálogo constructivo entre el estado y las organizaciones mapuches radicales. En un conflicto arraigado y de larga data como el de la Araucanía y regiones aledañas, puede ser necesario encomendar esta tarea a entidades o personalidades internacionales, a fin de garantizar su imparcialidad. Cabe señalar que algunas organizaciones mapuche han planteado la necesidad de facilitadores internacionales. Otra premisa básica para tal diálogo es que la organización o persona que lo arbitre sea elegida de común acuerdo por las dos partes..

Mientras tanto, la Convención Constitucional ha logrado avances significativos, aprobando varias disposiciones relativas a los pueblos indígenas como parte del texto constitucional que se votará en referéndum en septiembre. Estos incluyen la declaración del Estado chileno como plurinacional e intercultural, y el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y autonomía; su derecho a una representación especial en la legislatura; sus derechos a sus tierras, territorios y recursos de propiedad tradicional; y sus derechos culturales y lingüísticos.

Sin embargo, las organizaciones radicales mapuches han rechazado el proceso constituyente como una imposición “colonial” y no participan en la Convención Constituyente. Sin embargo, de aprobarse en referéndum previsto para septiembre, la nueva Constitución será fundamental para establecer una nueva relación entre el Estado y los mapuche, así como con los demás pueblos indígenas, basada en el reconocimiento, respeto y reconocimiento de los derechos humanos.

Boric es central en este proceso. Si bien se ha abstenido de intervenir en el proceso constituyente, respetando su autonomía, él y su Gabinete expresaron claramente su apoyo a este proceso así como a lo dispuesto en el texto ya aprobado por la Convención, en el que, como se mencionó, se protegen los derechos de los pueblos indígenas. central.

Pero si las encuestas de opinión actuales sirven de indicación, el texto tiene muchas probabilidades de ser aprobado en el referéndum de septiembre. Si se rechaza, es probable que la relación conflictiva con los mapuche, y probablemente con otros grupos indígenas, se torne más violenta.

José Aylwin es presidente del Observatorio Ciudadano, en Santiago de Chile, y profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Chile.