Inteligencia e infiltraciones de agentes del Estado en el mundo popular, procedimientos al margen de la Ley

Hugo Catalán Flores, Unidad Estudios, CODEPU.

En varias oportunidades las operaciones de infiltración de Carabineros de Chile han sido descubiertas y denunciadas. La verdad, es que este tipo de acciones no son nuevas y existen antecedentes puntuales y contundentes en donde agentes de campo de las policías se vinculan con organizaciones o espacios de disidencias para, desde las sombras, construir acusaciones o montajes y así incriminarlos.

La ley que regula el Sistema de Inteligencia del Estado (SIE) señala que los organismos realizan la labor de «recolección, evaluación y análisis de información, cuya finalidad es producir conocimiento útil para la toma de decisiones» (artículo 2° letra A de la Ley 19.974). Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) deben operar en el marco de la norma, siendo esta relativamente clara en los límites para que agentes realicen labores de campo.

Esa frontera normativa está reforzada por el Principio de Legalidad contenido en el artículo 3° e indica: «…organismos y servicios de inteligencia y sus integrantes deberán sujetarse siempre en el cumplimiento de sus objetivos y funciones, a la Constitución Política del Estado y a las leyes de la República».

Consecuentemente, el artículo 31° de la ley señala que las policías «…podrán disponer que uno de sus funcionarios, en el ámbito de las competencias propias de su servicio y en el ejercicio… oculte su identidad oficial con el fin de obtener información y recabar antecedentes que servirán de base al proceso de inteligencia a que se refiere esta ley. Para tal objetivo, podrá introducirse en organizaciones sospechosas de actividades criminales… comprende el disponer el empleo de agentes encubiertos, y todos aquellos actos necesarios relativos a la emisión, porte y uso de la documentación destinada a respaldar la identidad creada para ocultar la del agente». Esta es parte de la descripción operativa que la ley SIE contextualiza el uso de funcionarios de campo.

No obstante, y en una revisión somera, no existe en el ordenamiento jurídico chileno alguna regla vigente que permita acciones de sabotaje o incitación a la violencia de algún agente encubierto.

Esta semana, un reportaje del portal Ciper informa sobre el modus operandi de un funcionario de Carabineros identificado como Giovany Arévalo Álvarez, que realizó labores de infiltración y sabotaje en la población de Lo Hermida, en la comuna de Peñalolén. Dice la nota que este habría instigado e impulsado actos de violencia entre organizaciones sociales y grupos afines, cuestión que está fuera de todo marco de legalidad, al menos de los protocolos que se conocen de Carabineros, claro, a no ser que estemos en presencia de otro tipo de procedimientos que sea de manejo interno y conocimiento compartimentado, cuestión que a la luz de la ley sería igualmente ilegal.

El «activista» Giovany sería la chapa del cabo segundo Oscar Cifuentes, quien premunido de toda una cobertura que asegurara su fachada, incluso con cédula de identidad «legítima» emitida por el Registro Civil, además de una historia construida coherentemente en RR. SS., logró generar la confianza para transitar por distintos espacios comunitarios, por ejemplo, entre otras, las ollas comunes de la población.

En principio, este incidente tiene relación con las herramientas que la ley del SIE le entrega a la principal institución de orden y seguridad pública, Carabineros. Probablemente, la institución realiza una interpretación amañada, al igual que en otras operaciones que terminaron en verdaderos chascarros que, si no fuera por el impacto sobre la integridad de decenas de personas, sería una comedia de situaciones.

Adicionalmente a la información que se entregó sobre la infiltración en la histórica población de Peñalolén, se ha sabido en las últimas horas sobre la participación de un «funcionario activo» de la Armada en acciones de sabotaje, y eventualmente en el incendio de la iglesia de San Francisco de Borja que pertenece a Carabineros. El individuo, fue detenido junto a otras cuatro personas.

Inmediatamente comenzaron a circular especulaciones sobre el papel de este «agente» en acciones de violencia en contexto de la celebración del primer aniversario de la rebelión de octubre de 2019.

No es descabellado pensar que podríamos estar en presencia de una operación de «bandera falsa», que es la denominación para montajes que pretenden justificar, de parte de un antagonista, acciones de represión masivas, o en el caso más graves enfrentamientos militares.

Con el horizonte puesto en estas operaciones, parece oportuno señalar algunas ideas sobre el urgente debate que se debe dar el mundo popular, y las organizaciones de los derechos humanos.

Primero, la ley que regula las acciones de inteligencia, su disposición y aplicación es arbitraria. Las autoridades políticas, desde la perspectiva de la orientación y planificación estratégica, y el mando policial son los que resuelven «objetivos», «tiempos» y «oportunidades», donde incluso, la judicatura hace un visado a posteriori al tratarse de labores de «recolección, evaluación y análisis de información» que no requiere ser supervisada por ministro de Corte, como sí sucede con la interceptación telefónica (Título V «Sobre procedimientos especiales de obtención de información»), por lo tanto, lejos de un control jurisdiccional a priori. Por ejemplo, si el Ministerio Público despacha una orden para investigar algún hecho calificado de delito, y que sea de aquellos que se permite utilizar las herramientas del SIE, las policías pueden operar sin problemas.

Una segunda idea tiene que ver con que la cuestionada operación de infiltración de Lo Hermida, se da en medio del debate parlamentario sobre la reforma al SIE, trámite que está desde el primer trimestre de este año alojado en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y que ha estado regada de incidencias políticas, como la censura en contra del presidente de la Comisión, el diputado Jorge Brito, que significó el término anticipado de su gestión; o las denuncias cruzadas de parte del Gobierno y el oficialismo sobre las demoras «artificiales» del debate que cuenta con «suma urgencia» por parte del ejecutivo.

Entonces, es oportuna la pregunta: ¿cómo estos incidentes debieran afectar los distintos aspectos que, a estas alturas, parecen pertinentes discutir sobre la reforma al SIE? Porque convengamos que, si el Sistema vigente tiene tal nivel de arbitrariedad, ¿cómo será si a las policías y a los organismos del Estado que tienen competencia en el área se les da mayores atribuciones?

Comentario aparte será sobre si se confirma, fuera de toda duda, que el «funcionario activo» de la Armada involucrado en los hechos de violencia del domingo 18 de octubre pertenece a Ancla 2 (órgano de inteligencia de la institución), pues que un funcionario de FF.AA. no tiene nada que hacer realizando labores de inteligencia, y mucho menos de sabotaje en contexto de una jornada de manifestación. Todo el debate sobre «información residual» que se ha dado al calor de la reforma del SIE pierde sentido.

Una última cuestión que deja abierto para análisis de estos incidentes tiene que ver directamente con las funciones y competencias de una institución central para el cumplimiento de un sinfín de tramitaciones: el Registro Civil, que se ha visto cuestionado por la documentación que portaba el cabo Cifuentes y que lo identificaba como Giovani Arévalo Álvarez, y que en la realidad es un joven músico de la comuna de Alto Hospicio que declaró que su documentación había sido robada.

¿Hasta qué punto este tipo de operaciones logísticas y de cobertura son habituales desde el servicio y qué otros usos se les puede dar?

¿Será posible suponer suplantaciones en mayor número o duplicidad de identidad?

Es tan amplio el rango de posibilidades que es sorprendente que las autoridades políticas del amplio arco de representaciones no hayan oficiado al menos una comisión que investigue los hechos.

“Las futuras protagonistas”

Por Mercedes Ducci Budge, presidenta de ComunidadMujer.

Las y los centennials marcaron su presencia como votantes en el Plebiscito del 25 de octubre. Y, sin dudas, seguirán activos para lo que viene. Según el estudio “¿Qué perfil de constituyentes queremos?” (Espacio Público), en Chile el segmento entre 15 y 24 es el que más interés tiene en el proceso constituyente y, entre todos los segmentos etarios, las y los más jóvenes aparecen como quienes creen estar mejor informados sobre el proceso y muestran una alta determinación de votar en las elecciones de constituyentes. Según la caracterización que se hace de este grupo etario, posiblemente sean los más impacientes y quienes tengan la más alta expectativa de cambio en el proceso que se inicia en nuestro país.

¿Quiénes son centennials? Básicamente los menores de 24. En Chile son 4,7 millones de personas. Nacieron en un entorno tecnologizado, están acostumbrados a los resultados rápidos, se sienten distanciados de los gobiernos, adhieren a causas sociales y la preocupación por el medioambiente es una de sus banderas. Saben cuánto afectarán su futuro las decisiones de hoy.

Se habla de un cambio de época y será desafío de las y los jóvenes encontrar las respuestas en una sociedad digital en que no sirven más las mismas fórmulas que parecen agotadas.

Y en ese futuro, las niñas deben tener un lugar protagónico. Las adolescentes de hoy crecieron en un mundo interconectado, donde ya hay muchas mujeres que han gobernado, otras que han hecho gigantescos aportes en las ciencias y las matemáticas, hay líderes que conducen grandes empresas y que comandan innovación. Han visto mujeres a la cabeza de la FED, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.

Ellas ya saben que las niñas pueden, como venimos repitiendo desde ComunidadMujer hace ya varios años. Han visto cómo cada barrera va cediendo, incluso en espacios tan masculinos como el fútbol. Aunque falta mucho, el camino para que ellas influyan poderosamente se ve más abierto que nunca antes. Si la corresponsabilidad avanza y se comparte el trabajo doméstico y de cuidado, ellas podrán pensar y ejecutar en grande.

Greta Thunberg con la causa del Medio Ambiente o Malala Yousafzai abogando por la educación de las niñas no son casos aislados. Están asumiendo un rol protagónico que antes no habría sido posible.

En Chile tenemos grandes ejemplos, como Tremendas, una plataforma para visibilizar a las jóvenes empoderadas, que canalizan su talento con sentido, buscando mejorar la sociedad. Hay otras iniciativas como Ingeniosas, que fomenta vocaciones en ciencia y tecnología. O el colectivo Niñas Valientes que, a través de la educación emocional, empodera a niñas y adolescentes. Como esas, muchas organizaciones buscamos dar alas a las niñas, para que puedan desarrollar todas sus posibilidades, sin límites. Nuestro país va a requerir de todo su talento y con los problemas que enfrenta, el mundo necesita que ellas aporten una nueva perspectiva. Las niñas pueden.

Columna publicada en La Tercera el viernes 06 de noviembre de 2020.

Derecho a la regularización migratoria: el Estado al debe

Por Mabel Cobos Chileno-ecuatoriana. Traductora, Magister en Estudios Internacionales. Coordinadora del Área de Educación. Observatorio Ciudadano.

El pasado lunes 02 de noviembre circuló en diversos medios de comunicación la noticia de la presencia de largas filas de personas de nacionalidades colombiana, venezolana y, en su mayoría, cubana, en las afueras del Departamento de Extranjería y Migración en la comuna de Santiago, debido al rumor de que serían entregadas visas de refugio. Eran hombres, mujeres, niños y niñas migrantes que, en algunos casos, esperan desde hace años regularizar su situación en el país.

La regularización migratoria implica otorgar un rut, una cédula de identidad y un permiso de residencia a las personas en situación de movilidad, con lo cual pueden desarrollar múltiples actividades necesarias para la subsistencia, como trabajar, arrendar un inmueble, tener acceso a salud o educación. “Los sin papeles”, “indocumentados” o “ilegales” como erróneamente se denomina a las personas en situación migratoria irregular, dependen de la gestión efectiva del Estado para regularizar su situación, de lo contrario, son más proclives a ser víctimas de abusos, vulneraciones de sus derechos, exclusión y precariedad.

La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares que Chile ratificó en 2005, ya en su preámbulo señala la importancia de la regularización de las personas migrantes, indicando que: “los problemas humanos que plantea la migración son aún más graves en el caso de la migración irregular, y convencidos por tanto de que se debe alentar la adopción de medidas adecuadas a fin de evitar y eliminar los movimientos y el tránsito clandestinos de los trabajadores migratorios, asegurándoles a la vez la protección de sus derechos humanos fundamentales”. Esta misma convención a su vez declara en el artículo 69 la necesidad de que los Estados parte tomen las medidas apropiadas para asegurar que la irregularidad de las y los trabajadores migrantes no persista.

La regularización se puede realizar a través de la solicitud de visa o permiso de residencia, o bien, que los gobiernos en ejercicio lleven a cabo regularizaciones masivas extraordinarias, para que así las personas que por distintas razones tengan una situación migratoria irregular, puedan por fin obtener su documentación.

En Chile, han habido tres procesos de regularización extraordinaria. El primero se llevó a cabo el año 1997 bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, proceso llamado “Amnistía provisoria”, en el cual se acogieron 22 mil personas extranjeras -la mayoría de nacionalidad peruana- a quienes se les otorgó visas de trabajo temporales por dos años, sin necesidad de exhibir un contrato de trabajo (Freixas, 2018). Luego, durante el mandato de Michelle Bachelet y gracias a la presión de organizaciones migrantes, se desarrolló entre los años 2007 y 2008 el denominado “Proceso de Regularización de Permanencia”, al cual se acogieron 47 mil personas (Minrel, 2010), la mayoría de nacionalidad peruana, pero también boliviana y ecuatoriana. Este proceso otorgó una visa de residencia temporaria de un año de vigencia, con la posibilidad de que al término de dicho plazo pudieran solicitar la visa correspondiente, de acuerdo a la normativa de Extranjería. Además se estableció que nadie pagaría multas (Freixas, 2018).

El último proceso de regularización impulsado por el actual mandatario Sebastián Piñera, se llevó a cabo entre junio de 2018 y finales de octubre de 2019 y no estuvo exento de problemas. Desde un comienzo suscitó las críticas de diversas organizaciones migrantes y de la sociedad civil, así como de académicos y académicas expertas en materia de movilidad humana, debido principalmente a su deficiente implementación, falencias en el acceso y en la entrega de la información, y por los acotados plazos del mismo. Esto originó incertidumbre y desconfianza en las comunidades migrantes, hablándose incluso de una regularización fallida (Andrade, 2019).

Según estimaciones del gobierno, eran 300 mil las personas que se encontraban irregulares en el país, sin embargo, únicamente se presentaron 155.483 peticiones de Visas Temporarias de Regularización Extraordinaria, de las cuales un 88,5% fueron otorgadas (131.399), un 5% fueron rechazadas y el resto no fueron acogidas por no cumplir con los requisitos (DEM, 2020). Es necesario señalar además que para ciertas nacionalidades, como la venezolana o haitiana, es muy difícil acceder a los documentos que requería el proceso, y por tanto, muchos quedaron fuera. Asimismo, preocupa que la mitad de las personas que supuestamente debían regularizarse, finalmente no lo hicieron o no pudieron hacerlo. Lo anterior explica que en la actualidad exista un alto porcentaje de personas sin su documentación, y por ende, no sorprende el alto número de personas migrantes o afectas a refugio, que estuvieron a las afueras del DEM queriendo regularizarse.

La Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) lanzaron recientemente un documento titulado “Laberintos de papel. Desigualdad y regularización migratoria en América del Sur”, el cual realiza un análisis comparado de legislaciones, normas y políticas migratorias de varios países de la región. En uno de sus apartados se señala que: “la regularización migratoria es el mecanismo central para incluir y proteger a la población migrante. Ante la evidencia de que el estatus migratorio irregular profundiza la marginalidad pero no impide ni desalienta la migración, en las últimas dos décadas muchos países de la región promovieron –por lo menos a nivel normativo o discursivo– la regularización como un mecanismo de inclusión, como un deber u obligación de los Estados y como un derecho de las y los migrantes”.

No obstante estos fundados argumentos, preocupa que el proyecto de ley de migración que se está discutiendo actualmente con suma urgencia en el parlamento, se aleja bastante de las recomendaciones del citado documento. De hecho, esta iniciativa, no consagra el derecho a la regularización, al contrario la fomenta, tal como señala Fernanda Stang (2020):“el proyecto de ley crea una serie de obstáculos que empujan a la población migrante a la irregularidad: la visa consular, la imposibilidad de cambiar de categoría migratoria estando en el territorio nacional, además de abrir camino para establecer un sistema de visado con categorías selectivas y, por lo tanto, discriminatorias”.

Urge por tanto que el Estado de Chile aborde la movilidad humana desde una perspectiva de los derechos humanos y actualice su normativa de acuerdo a los estándares e instrumentos internacionales que ha ratificado, así como también considere los derechos a migrar y a regularizarse en la nueva legislación, tal como lo muestra la experiencia comparada, que los han incluido también en sus constituciones. Más aún cuando nos encaminamos a un importante proceso de cambio constitucional. Sólo de este modo podremos cimentar el camino para que no se vulneren los derechos de la población migrante en el país y no tendremos que ser testigos nuevamente de largas filas de personas exigiendo su derecho a regularizarse.

Chileno-ecuatoriana. Traductora, Magister en Estudios Internacionales. Coordinadora del Área de Educación. Observatorio Ciudadano.
Referencias
Andrade, Eduardo. “¿Regularización migratoria fallida? Dudas ante el fin del proceso que pretendía “ordenar la casa””. Diario Universidad de Chile. 19 de julio de 2019. Disponible en: https://radio.uchile.cl/2019/07/19/regularizacion-migratoria-fallida-dudas-ante-el-fin-del-proceso-que-pretendia-ordenar-la-casa/
Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF) y Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Laberintos de papel. Desigualdad y regularización migratoria en América del Sur. Octubre de 2020. Disponible en: https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2020/10/CELS_Migrantes_digital_Final-1.pdf
Coalición para el Fortalecimiento de los Derechos Humanos en Chile. Informe Alternativo de Sociedad Civil para EPU, 132° Periodo de Sesiones Consejo de DDHH. Julio de 2018. Disponible en: https://observatorio.cl/informe-alternativo-de-sociedad-civil-para-epu-132-periodo-de-sesiones-consejo-de-ddhh-cfddhhch-julio-2018-2/
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Disponible en: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cmw.aspx
Departamento de Extranjería y Migración (DEM). “Baja de migrantes que ingresan a nuestro país comenzó desde mayo de 2019”. 23 de enero de 2020. Disponible en: https://www.extranjeria.gob.cl/noticias/baja-de-migrantes-que-ingresan-a-nuestro-pais-comenzo-desde-mayo-de-2019/
Freixas, Meritxell. “1998 y 2007: así fueron las otras regulaciones migratorias masivas en Chile”. El Desconcierto. 23 de abril de 2018. Disponible en: https://www.eldesconcierto.cl/2018/04/23/1998-y-2007-asi-fueron-las-otras-regulaciones-migratorias-masivas-en-chile/
Ministerio de Relaciones Exteriores. Intervención durante la presentación del informe de Chile ante el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares. 16 de septiembre de 2011. Disponible en: https://minrel.gob.cl/intervencion-durante-la-presentacion-del-informe-de-chile-ante-el-comite/minrel_old/2011-09-16/110521.html
Stang, Fernanda. “Sin escuchar a los migrantes”. El Mostrador. 18 de julio de 2020. Disponible en: https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/07/18/migrantes-derechos-humanos-y-ciudadanos/

Las tareas pendientes de nuestra sociedad en materia de Derechos Humanos

Por Catherina Olivares |

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, promovida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el año 1948 luego de los horrores de la 2da Guerra mundial,  constituye un acuerdo entre las naciones para cumplir con los ideales impulsados hace 150 años por la revolución francesa. Se conmemora cada 10 de diciembre y obedece a un consenso amplio basado en los ideales del periodo de la Ilustración, en los inicios del Contrato social de Russeau y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, antesala de la manifestación de los Derechos del Niño, que en 1959 cambia la forma en que se abordan las temáticas relacionadas con la infancia.

Destacan en su preámbulo, conceptos como la libertad, justicia y paz, que orientan a la “igualdad de derechos de todos los miembros de la familia humana”, al reconocer que el desconocimiento de tales valores ha llevado a la humanidad a cometer actos de barbarie y ultraje de la dignidad de las personas, por lo que es preciso identificar estándares que permitan el reconocimiento de las condiciones de igualdad entre todos los seres humanos, la protección de los derechos básicos como el derecho a la vida, a  la dignidad, la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho a una vida digna, la valoración de la libertad como un concepto amplio, entre otros.

Esta carta fundamental, guía a los pueblos y naciones a respetar los derechos y libertades de todas las personas, y a cautelar el cumplimiento de tales principios implementando acciones y sanciones en el territorio de los estados partícipes.  Está compuesta por 30 artículos, que promueven orientaciones en base a que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” (Artículo 1), mientras que en el Artículo 2, propone que “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

Ante esta declaración la pregunta es ¿Cuánta tarea tenemos pendiente para la ampliación de estos derechos y de avanzar un paso más?  ¿Estamos preparados, para reconocer que los Derechos Humanos no son patrimonio de quienes los reclaman (con justa razón), sino que constituyen el compromiso y obligación de todas las personas para garantizar el contrato social y así evitar aberraciones del abuso del poder, de las ideologías hegemónicas y de la vulneración del derecho fundamental?. La tarea será ardua al reconocer que a casi 70 años de esta declaración, quedan muchos flancos que abordar para consolidar los derechos humanos en su más amplia expresión y velar para que  las nuevas generaciones se eduquen adecuadamente en el derecho y el deber de la participación activa y la construcción de una sociedad basada en el respeto de los derechos de todos.

Debates Internacionales: Desarrollo sostenible, participación ciudadana y rol de la sociedad civil

Por Miguel Santibañez |

Entre el 9 y el 18 de julio se desarrolló el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (HLPF) en Nueva York y ACCIÓN, estuvo presente a través de su Director Ejecutivo, Miguel Santibáñez. Aquí comparte algunas reflexiones sobre la instancia, los desafíos para la sociedad civil y adelanta algunos de los temas que se discutirán en Chile en el Encuentro Mundial de ONG del próximo 7 de septiembre.

Como Asociación Chilena de ONG estamos vinculados a otras Asociaciones Nacionales de ONGs a través de la Mesa de Articulación de América Latina y el Caribe y participamos activamente en varios debates y paneles de reflexión sobre el cumplimento de la Agenda2030 por el Desarrollo Sostenible, junto con otras coaliciones regionales como la coalición asiática, la africana, la europea, entre otras.

En ese marco una instancia relevante fue el Foro Político de Alto Nivel, donde se realizan las presentaciones de los llamados Informes Nacionales Voluntarios (en inglés Voluntary National Review o VNR) que realizan los Estados miembros sobre la implementación de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS). Ésta es la instancia internacional más importante de Naciones Unidas para dar seguimiento global a la Agenda 2030.

Limitaciones a la participación ciudadana y priorización de los ODS

Este año, en el caso latinoamericano diez países hicieron su presentación y tres de ellos por segunda vez: Colombia, México y Uruguay. Las presentaciones son bastante breves. En total tienen un tiempo que no supera los 30 minutos y se dividen en 15 o 20 minutos de informe oficial para dar paso luego a preguntas de los Estados miembros y, en los últimos dos o tres minutos, recién se abre el espacio a preguntas de la sociedad civil.

Los informes oficiales están a cargo de los gobiernos, principalmente a nivel ministerial y, en algunos casos, incluye la participación de algún sector relevante de la actividad nacional, como pueden ser parlamentarios, empresarios o, en raros casos, algún representante del sector ONG. En ellos predomina la reafirmación de actividades que se intentan vincular con la implementación de la Agenda2030, pero que no necesariamente son innovaciones, sino políticas públicas que ya se vienen realizando. En algunos casos hay países que tienen planes nacionales de desarrollo y han intentado hacer una conexión con las temáticas de la Agenda de Desarrollo.

Allí surge un debate respecto de los grados de participación ciudadana que existen en este espacio internacional. Yo diría que este 2018 uno de los elementos centrales fue, justamente, la gran interrogante sobre la participación ciudadana. Hay que considerar que el HPLF implica una institucionalidad compleja, lo que se puede ver en la misma materialidad cotidiana dentro de Nacionales Unidas, que se expresa en muchos filtros, muchas barreras, muchos controles para pasar de un lugar a otro o para  informar sobre las actividades relevantes que hay a nivel oficial y extra oficial.

Hay un segundo foco de polémica que tienen que ver con la priorización que hace Naciones Unidas de algunos ODS para revisar con mayor profundidad cada año. Eso genera un conflicto, porque uno de los principios de la Agenda2030 es la interconectividad de los 17 Objetivos, su indivisibilidad, el que “si no se cumple uno no se cumple ninguno”, lo que va muy fuertemente acompañado de la idea de que “Nadie puede quedar atrás”.

Plantaciones de paltos: la carencia de una legislación para el uso del suelo

Por Fernanda Miranda |

Según los catastros de Odepa-Ciren, la superficie total plantada con frutales paso de 89.488 hectáreas en 1975 a 315.375 ha en 2016, lo que significa un crecimiento de 252% en el período.

Esta situación refleja claramente el cambio que se ha ido gestando desde 1980 en el modelo productivo del sector agrícola. Las consecuencias socio ambientales de la reestructuración del sector son profundas, y se relacionan con problemas de pobreza rural y degradación ambiental, que, si bien han estado presentes en las diferentes etapas del desarrollo agrícola nacional, hoy adquieren características particulares. Esto porque la “modernización” productiva de la agricultura está estrechamente asociada a la práctica de monocultivos y a una incorporación de paquetes tecnológicos que han permitido una expansión vertical de la frontera agrícola, lo que ha conllevado serios efectos en los suelos, las aguas, la conservación de la biodiversidad, la salud y calidad de vida de los seres humanos.

Uno de los frutales protagonista en el escenario actual de la agricultura del país, es el palto. Este, según cifras de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) ocupa el tercer lugar en superficie plantada a nivel nacional, con el 9,5%.

El modelo agroexportador de paltos en Chile ha estado orientado exclusivamente a maximizar la productividad de este fruto en el corto plazo, sin considerar los graves problemas sociales y ambientales que genera. Ejemplo de esto es la destrucción de suelos como consecuencia de las plantaciones de palto en laderas. Resultan preocupantes las cifras respecto al cultivo de paltos en suelos sin aptitud para ello. En la Región de Valparaíso, que concentra la mayor superficie plantada, con 19 mil ha al año 2017 –equivalentes a un 64% de la superficie nacional de paltos-, actualmente un 39% de las plantaciones de esta fruta, equivalentes a más de 7 mil hectáreas, se encuentra en suelos con capacidad de uso VII, es decir, con pendientes entre un 30 y un 60%, de baja profundidad efectiva -de ahí que el sistema de cultivo en camellones sea el más utilizado-, y con un muy alto riesgo de erosión. Casi un 9% se encuentra en suelos con capacidad de uso VIII, los cuales no tienen aptitud agrícola, ganadera ni forestal, con altísimo riesgo de erosión, por lo que debieran estar destinadas a la conservación de la vida silvestre y la protección de hoyas hidrográficas, y no a actividades productivas. La situación es la misma en las regiones de Coquimbo y Metropolitana que ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente en la plantación de paltos a nivel nacional.

La alteración que se realiza en el suelo al momento de ejecutar una plantación en ladera, es siempre una acción de alto impacto, pero especialmente cuando las plantaciones se establecen en camellones en el sentido de la pendiente, como es la tendencia en nuestro país. La destrucción de suelo como consecuencia del cultivo de paltos en laderas está descrito en pocos estudios, sin embargo los monitoreos realizados a la fecha, indican que se está frente a un grave y silencioso impacto ambiental, ya que las tasas de erosión son 650 veces mayores en los sectores con camellones en comparación con el suelo sin intervención.

Antes de que las laderas fueran ocupadas con plantaciones frutales, en estos sectores existía abundante vegetación nativa -y fauna asociada-, la que fue sustituida y alterada a través de una fuerte intervención destinada a la producción frutícola generando un grave impacto en ecosistemas con alto valor ecológico, en una zona donde justamente la conservación de la vegetación nativa juega un rol muy relevante para morigerar los efectos de los cambios en el clima y la disponibilidad de aguas. A la sustitución de vegetación nativa por plantaciones de paltos, se deben sumar las de plantaciones de otros frutales protagonistas en el modelo agroexportador chileno como la vid de mesa, nogales, manzanos, entre otros. Además, la destrucción/eliminación de estas formaciones vegetacionales es poco responsable considerando que, dichos ecosistemas no están representados en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNASPE).

De este modo, la deforestación y la sustitución de vegetación nativa para sostener la expansión frutícola destinada principalmente al mercado internacional ha sido uno de los principales causantes de la transformación del paisaje en el centro norte del país, con un uso intensivo e indiscriminado del suelo y las aguas. Asimismo, la alteración del perfil del suelo y la pérdida de vegetación nativa, tiene un impacto directo en el aumento del escurrimiento superficial del agua y por consiguiente en la disminución en la infiltración, situación que ha afectado la recarga de acuíferos en regiones en donde este recurso –cada día más escaso- es esencial tanto para la pequeña agricultura como para la producción y abastecimiento de agua potable.

Desde los años 70’ en nuestro país ha estado ocurriendo una reconfiguración del mundo rural consolidando en el sector silvoagropecuario de Chile un modelo agroexportador. Este modelo de desarrollo implantado en dictadura se funda en la plena apertura de la economía al exterior y en el ordenamiento de la actividad productiva sobre la base de sus ventajas comparativas y el desarrollo de ventajas competitivas y se consagra producto de la suscripción de acuerdos comerciales con otros países durante los gobiernos de la ex Concertación. En este contexto, las condiciones agroclimáticas de gran parte del país estimularon de forma importante la expansión de la fruticultura produciendo grandes cambios en el uso del suelo, los cuales durante los últimos años han comenzado a mostrar sus consecuencias con las graves situaciones que de déficit hídrico que afectan a comunas como Petorca. Las nulas prácticas de ordenamiento territorial en zonas rurales en nuestro país, podrían estar contribuyendo a la erosión los suelos, y por consiguiente a la disminución de la recarga de acuíferos, condiciones que pueden agravarse a causa de la variabilidad climática.

Desde Fundación Terram consideramos que es hora de mirar más allá del modelo agroexportador y el beneficio de unos pocos. Se debe abordar de forma urgente la problemática asociada a los suelos y el agua que afecta a las comunidades y los ecosistemas. Creemos que es necesario avanzar hacia un modelo de desarrollo agrícola que sea socialmente justo y que esté en armonía con los procesos hídricos y edáficos.