El acercamiento de Boric a los mapuche de Chile ha encontrado algunos obstáculo

El recién inaugurado presidente de Chile, Gabriel Boric, hizo campaña en una plataforma que enfatiza reformas urgentes para apuntalar los derechos sociales en Chile, en particular la atención médica, la educación y las pensiones, todos los cuales fueron el foco de las protestas que estallaron en todo el país en octubre de 2019. También enfatizó la necesidad de establecer una nueva relación con los pueblos indígenas históricamente marginados y oprimidos de Chile, que representan alrededor del 12 por ciento de la población del país. Pero para hacerlo, tendrá que superar obstáculos formidables, incluidas las perspectivas desalentadoras que enfrenta la Convención Constituyente que actualmente está redactando una nueva constitución que es central en el programa de gobierno de Boric, así como la creciente confrontación con las organizaciones radicales mapuche en el sur de Chile.

Los pueblos indígenas de Chile se han convertido en actores políticos fundamentales en la transformación que vive el país. Si bien ha habido un conflicto histórico de larga data entre el estado chileno y los pueblos indígenas, especialmente los mapuche, con mucho el más grande de los 10 grupos indígenas del país, la relación se ha vuelto cada vez más conflictiva en las últimas décadas. La violencia ejercida tanto por agentes estatales como por algunos grupos mapuche que cuestionan la legitimidad del Estado chileno y se oponen a las inversiones extractivas en su territorio tradicional se ha intensificado drásticamente, con víctimas de ambos bandos.

A diferencia de otras partes de América Latina, la Constitución chilena no reconoce la existencia de los pueblos indígenas. Una llamada Ley Indígena, promulgada en 1993, los reconoció como grupos “étnicos” y les otorgó derechos culturales. También estableció un mecanismo de mercado para devolver las tierras de las que habían sido despojadas. Chile también suscribió las declaraciones de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos sobre los derechos de los pueblos indígenas en 2007 y 2016, respectivamente.

Sin embargo, el marco de política neoliberal impuesto por la Constitución de 1980 promulgada por el ex dictador Augusto Pinochet, junto con las políticas de privatización aplicadas desde entonces, han limitado la implementación de estos derechos. De hecho, el neoliberalismo en Chile ha fomentado la expansión de una economía extractiva en los territorios indígenas. La industria minera en el norte, la silvicultura en el sur y las granjas de salmón en el extremo sur ocupan sus territorios tradicionales, con graves impactos en los medios de vida de los pueblos indígenas.

Los mapuche se han opuesto fuertemente a tales inversiones , especialmente a los monocultivos forestales. En respuesta, el estado chileno ha utilizado a la policía e incluso al ejército en 2021 para reprimir violentamente lo que inicialmente fueron movilizaciones pacíficas que exigían la restitución de tierras tradicionales actualmente bajo propiedad corporativa. Los líderes indígenas involucrados en tales protestas han sido procesados ​​y encarcelados bajo la legislación antiterrorista que se remonta al régimen de Pinochet.

El programa de Boric enfatiza la necesidad de fomentar un “diálogo plurinacional” con las comunidades indígenas. Varios incidentes, sin embargo, han demostrado los límites de esta estrategia. 

En este contexto, varias organizaciones mapuche han tomado las armas para reclamar el control de facto de las propiedades corporativas. También han atacado camiones y maquinaria pertenecientes a la industria forestal, así como propiedades agrícolas. Aunque algunas de estas organizaciones limitan su violencia a la propiedad, otras usan la violencia indiscriminadamente, incluso contra individuos. Las bajas en ambos lados han aumentado constantemente en los últimos dos años.

Los pueblos indígenas no jugaron un papel clave en las protestas masivas de octubre de 2019 que repelieron la creciente desigualdad social y los abusos corporativos, y a su vez desencadenaron el proceso constituyente actualmente en curso . Sin embargo, están centralmente comprometidos en la Convención Constituyente elegida en mayo de 2021 , con 17 representantes indígenas elegidos para los escaños especiales reservados para ellos, de un total de 155. Desde la inauguración de la convención en julio de 2021, estos representantes han trabajado para visibilizar Principales demandas de los pueblos indígenas: declarar a Chile un estado plurinacional y reconocer sus derechos colectivos, incluyendo la libre determinación y la autonomía; sus derechos a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente usaban u ocupaban; y sus derechos culturales.

Boric es consciente de que la nueva relación con los pueblos indígenas que busca solo será posible a través del proceso constituyente que apoya su coalición. Mientras tanto, su programa enfatiza la necesidad de fomentar un “diálogo plurinacional” con las comunidades indígenas. Los temas centrales de este diálogo incluyen la restitución de tierras y la implementación de la autonomía de los pueblos indígenas. Boric también se ha comprometido a implementar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que Chile ratificó en 2008 pero nunca promulgó, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Adicionalmente, se prevé la creación de una Comisión de la Verdad para identificar a las víctimas de la violencia en el marco del conflicto mapuche y proponer mecanismos de reparación.

Desde que asumió el cargo en marzo, Boric ya retiró las fuerzas militares del territorio tradicional mapuche en la Araucanía y regiones aledañas, que fueron enviadas por su antecesor, el expresidente Sebastián Piñera, con aprobación del Congreso en 2021. También instruyó a la ministra del Interior, Izkia Siches, a encabezar un diálogo. proceso con los Pueblos Indígenas, especialmente los Mapuche, así como con los no Indígenas víctimas de la violencia en la región.

Varios incidentes, sin embargo, han demostrado los límites de esta estrategia . En la primera visita de Siches a una emblemática comunidad mapuche , fue recibida con disparos y barricadas impidiendo cualquier diálogo. Otras organizaciones mapuche radicales —particularmente en las provincias de Arauco y Malleco, el corazón de los monocultivos forestales— también han rechazado cualquier diálogo con el nuevo gobierno, declarando que seguirán usando la violencia contra los conglomerados forestales y ejerciendo lo que llaman control territorial.

A pesar de la oposición de los medios conservadores a su iniciativa, Boric ha insistido en que su gobierno está dispuesto a entablar un diálogo con todas las organizaciones mapuche que quieren lograr la paz. Los funcionarios del gobierno ya han entablado diálogos territoriales con las comunidades mapuche en un intento por resolver los urgentes conflictos sociales y de tierras. Pero hasta ahora esto no ha disminuido los ataques violentos de organizaciones mapuches radicales.

Dada la magnitud del conflicto y la desconfianza histórica entre las partes, y considerando los ejemplos de conflictos étnicos similares en otras partes del mundo, existen buenas razones para creer que se necesitará un tercero para facilitar u observar un diálogo constructivo entre el estado y las organizaciones mapuches radicales. En un conflicto arraigado y de larga data como el de la Araucanía y regiones aledañas, puede ser necesario encomendar esta tarea a entidades o personalidades internacionales, a fin de garantizar su imparcialidad. Cabe señalar que algunas organizaciones mapuche han planteado la necesidad de facilitadores internacionales. Otra premisa básica para tal diálogo es que la organización o persona que lo arbitre sea elegida de común acuerdo por las dos partes..

Mientras tanto, la Convención Constitucional ha logrado avances significativos, aprobando varias disposiciones relativas a los pueblos indígenas como parte del texto constitucional que se votará en referéndum en septiembre. Estos incluyen la declaración del Estado chileno como plurinacional e intercultural, y el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y autonomía; su derecho a una representación especial en la legislatura; sus derechos a sus tierras, territorios y recursos de propiedad tradicional; y sus derechos culturales y lingüísticos.

Sin embargo, las organizaciones radicales mapuches han rechazado el proceso constituyente como una imposición “colonial” y no participan en la Convención Constituyente. Sin embargo, de aprobarse en referéndum previsto para septiembre, la nueva Constitución será fundamental para establecer una nueva relación entre el Estado y los mapuche, así como con los demás pueblos indígenas, basada en el reconocimiento, respeto y reconocimiento de los derechos humanos.

Boric es central en este proceso. Si bien se ha abstenido de intervenir en el proceso constituyente, respetando su autonomía, él y su Gabinete expresaron claramente su apoyo a este proceso así como a lo dispuesto en el texto ya aprobado por la Convención, en el que, como se mencionó, se protegen los derechos de los pueblos indígenas. central.

Pero si las encuestas de opinión actuales sirven de indicación, el texto tiene muchas probabilidades de ser aprobado en el referéndum de septiembre. Si se rechaza, es probable que la relación conflictiva con los mapuche, y probablemente con otros grupos indígenas, se torne más violenta.

José Aylwin es presidente del Observatorio Ciudadano, en Santiago de Chile, y profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Chile.

Declaración Pública sobre Plebiscito Nueva Constitución

El Pueblo de Chile ha expresado su voluntad en la Convención Constituyente, la cual ha presentado al país el texto de Nueva Constitución que será plebiscitado el próximo 4 de septiembre.

Consideramos que los 11 capítulos, 388 artículos y sus disposiciones transitorias,aprobadas por la mayoría de los 2/3 de los constituyenteselectos ya permiten contar con una base de principios y derechos en la Nueva Constitución acorde con los desafíos presentes y futuros de Chile.

La Asociación Chilena de ONGs ACCIÓN se siente parte de este pueblo que se ha movilizado por décadas para establecer una nueva carta magna, habiendo incluso convocado a la primera gran marcha por una Asamblea Constituyente el 24 de noviembre de 2014. 

Hoy buena parte de las demandas y propuestas de la sociedad civil chilena y sus movimientos sociales se encuentran plasmados en la nueva carta fundamental emanada de la Convención Constitucional. Este texto reconoce a Chile como un Estado Social y Democrático de Derechos, abarcando las dimensiones feministas, de la diversidad sexual y la paridad, ecológica, participativa e inclusiva con la más amplia diversidad de nuestra sociedad, en particular con los pueblos indígenas.

El articulado propone mecanismos institucionales de profundización de la democracia representativa por la vía de establecer una descentralización efectiva, junto a mecanismos de democracia directa, como plebiscitos, iniciativa popular de ley, defensoría del pueblo, consultas previa e informada a la ciudadanía, y otros.

También se establece con precisión un enfoque de derechos humanos, abarcando el derecho humano al agua, el derecho a la vivienda, educación y la salud; al trabajo decente y la seguridad social, los derechos de la niñez y la adolescencia, así como los derechos a adultos mayores y personas con capacidades diferentes. Esto, entre otras normas que harán de esta Nueva Constitución una oportunidad para un desarrollo futuro más justo y democrático, con derechos sociales garantizados para las chilenas y chilenos.

Hemos sido testigos además de una masiva campaña de desinformación sobre la Nueva Constitución, basada en falsedades que han levantado sectores conservadores en nuestro país. Estos apelan engañosamente a manipular legítimos sentimientos de temor presentes en nuestra población, respecto de supuestas pérdidas de seguridades básicas que traerían los cambios.

Es por esto por lo que llamamos a las organizaciones sociales, ciudadanos y ciudadanas a votar informados y a denunciar y contrarrestar las campañas de desprestigio y desinformación basadas en falsedades. Convocamos, por lo tanto, a todas las personas y organizaciones a movilizarse y sumarse a esta tarea y a desplegarse en los territorios para aportar al mayor éxito de la opción Apruebo en el Plebiscito del 4 de septiembre de 2022.

Asociación Chilena de ONG, ACCIÓN A.G.

Santiago, 2 de agosto de 2022.

Movilh capacita en temáticas LGBTIQA+ a centros educativos de las regiones de Arica, Biobío, Araucanía, Magallanes y Metropolitana

Las charlas de capacitación sobre diversidad sexual y de género que habitualmente imparte el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) a organismos públicos y privados llegaron en el mes de  julio a las regiones de Arica y Parinacota, Biobío, Magallanes y la Antártica Chilena y Metropolitana.

La capacitaciones sobre derechos humanos LGBTIQA+ partieron el mes con una charla dictada a docentes y estudiantes de la Universidad Santo Tomás de Arica (5 de julio).

Similares talleres fueron impartidos al Centro de Formación  Técnica Profesional (CFT) de Magallanes y la Antártica Chilena (13 de julio), a la Escuela Nieves Vásquez Palacios D-932  de Los Ángeles (26 de julio), al Colegio Santa Isabel de Hungría de La Cisterna (27 de julio), al CFT Estatal de la Araucanía (27 de julio) y al Liceo Bicentenario Chacabuco  de Colina (27 de julio)

El Movilh dictó además el 18 de julio por segunda vez en el año una charla a trabajadores y trabajadoras de Codelco

Desde 1991 que el Movilh capacita en temáticas de la diversidad sexual y de género a organismos públicos y privados, siendo la organización con más experiencia en la materia en Chile.

Fundación Terram valora sanción de la SMA a Nova Austral que revoca permisos ambientales de tres centros de cultivo emplazados en un área protegida

Este es un primer paso muy relevante que marca un cambio en materia de fiscalización y sanción, pues es primera vez que se aplica y a la vez permite avanzar en la dirección del compromiso presidencial respecto de sacar las salmoneras de las áreas que el propio Estado ha declarado como protegidas en la Patagonia chilena, y que durante décadas han sido objeto de importantes afectaciones por parte de la producción intensiva de esta especie exótica, como son los salmones.


Desde Fundación Terram valoramos la rigurosidad de la sanción interpuesta por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que ante reiteradas infracciones consistentes en la sobreproducción de salmónidos en tres centros de cultivo de Nova Austral, ubicados al interior del Parque Nacional Alberto De Agostini en la región de Magallanes, decide revocar sus respectivas Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).

Sin duda este es un primer paso muy relevante que marca un cambio en materia de fiscalización y sanción, pues es primera vez que se aplica y a la vez permite avanzar en la dirección del compromiso presidencial respecto de sacar las salmoneras de las áreas que el propio Estado ha declarado como protegidas en la Patagonia chilena, y que durante décadas han sido objeto de importantes afectaciones por parte de la producción intensiva de esta especie exótica, como son los salmones.

Para que Chile avance hacia un nuevo modelo de desarrollo, basado en actividades productivas que no destruyan la naturaleza, es importante que las empresas cumplan con la normativa vigente y que las instituciones públicas tengan la adecuada capacidad de fiscalizar y sancionar.

Por otra parte, nos parece fundamental que se inicie el proceso de salida de la salmonicultura de las áreas protegidas, ya que conservación y cultivo intensivo de salmónidos son actividades incompatibles. El proceso de salida de la salmonicultura de las áreas protegidas no puede estar condicionado a la relocalización de centros de cultivo en otras zonas, puesto que ello solo sería trasladar el problema de lugar. Lo que se requiere, es disminuir la producción de salmónidos en la Patagonia chilena.

Desde Fundación Terram consideramos que como parte de este proceso el Estado debe priorizar el fomento de otro tipo de actividades que sean capaces de crear empleo con salarios y condiciones dignas, con perspectiva de largo plazo y que no destruyan y/o contaminen valiosos ecosistemas, algo que hasta hoy no ha logrado esta industria.

Finalmente, esperamos que en línea con el mandato presidencial de sacar las salmoneras de las áreas protegidas, este criterio de la SMA se aplique también a los demás casos de sobreproducción en el que han incurrido diversos centros de cultivo al interior de otras áreas protegidas, particularmente en la Reserva Nacional Kawésqar y la Reserva Forestal Las Guaitecas, cuyos procedimientos sancionatorios se encuentran actualmente en curso.

El Canelo de Nos realiza lanzamiento de Material Educativo: “Una Constitución Para la Ruralidad”

El pasado 30 de julio, en las dependencias de El Canelo de Nos, se realizó el lanzamiento de la Cartilla Educativa: “Una Constitución Para la Ruralidad”. En la oportunidad participaron los ex Convencionales Constituyentes Alondra Carillo y Mauricio Daza, el Presidente de la Confederación Nacional Campesina e Indígena Nehuén Rigoberto Turra; y el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Bolivariana, Manuel Jacques.

En la oportunidad, cada uno de los invitados expuso sobre los beneficios que tendrá la Nueva Constitución para el mundo campesino. Dio inicio a las exposiciones el Decano Jacques, quien expuso que el texto, por primera vez en la historia constitucional chilena, “nos lleva a pensar la realidad humana en Ecosistemas armónicos«. Además, señaló que una de las novedades de la propuesta a votar en septiembre, es que “los Derechos Sociales se consideran como Derechos Humanos, lo que los deja en un estado de protección que no los hace negociables”.

Luego fue el turno de la ex Convencional Constituyente, Alondra Carrillo, quien expuso cómo fue el proceso de creación de la propuesta nueva Carta Magna, la influencia de los movimientos sociales y recordó como hito de inicio de este proceso el estallido social del 18 de octubre. En su charla, indicó que «esta Constitución habla sobre sectores históricamente excluidos. Y los sectores rurales son parte de ellos. Y esta constitución habla sobre ellos«.

Posteriormente, el ex Convencional Mauricio Daza, expuso que uno de los grandes avances que el nuevo texto trae para el mundo rural es que «el estado promoverá el desarrollo integral de los territorios» lo que significará una mejor calidad de vida para el mundo campesino. Ejemplifico este punto, con la competencia que se crea en la evaluación social de los proyectos, en el cual las personas que viven en zonas dedicadas a la agronomía campesina a pequeña escala siempre corren en desventaja, al vivir en sectores con menor densidad poblacional, en comparación con los sectores urbanos. Un punto que desaparecería con este cambio constitucional.

Cerró la ronda de exposiciones el dirigente campesino Rigoberto Turra, quien expuso como las organizaciones campesinas han luchado durante años por este cambio constitucional, y cómo afectará este cambio constitucional en la vida de los sectores a quienes representa.

Posteriormente, se dio paso a una ronda de pregunta, en donde los asistentes expusieron sus inquietudes frente a la propuesta de cambio que se votará, los cuales fueron respondidos por los invitados.

Para finalizar la jornada, se realizó un trabajo en grupo, donde los asistentes respondieron una serie de preguntas dirigidas a comprender mejor la cartilla educativa y la propuesta constituyente.

El Canelo de Nos continuará con el trabajo de difusión de esta cartilla, mediante talleres en distintas zonas del país en donde se profundizarán los contenidos de la Nueva Constitución y la Cartilla Educativa “Una Constitución para la Ruralidad”.