SERVICIO PAÍS busca profesionales con coraje para trabajar en localidades rezagadas de todo Chile

Información de Fundación para la Superación de la Pobreza.

A partir de hoy y hasta el 15 de noviembre estarán abiertas las postulaciones a SERVICIO PAÍS. El programa de la Fundación Superación de la Pobreza lleva 25 años destinando a profesionales jóvenes a trabajar en las comunas más aisladas y rezagadas de Chile. El llamado de este año es para “gente con coraje”, profesionales que estén dispuestos a entregar un año de sus vidas a trabajar de manera colaborativa con las comunidades e impulsar procesos de desarrollo local inclusivo.¿Por qué se busca gente con coraje? Porque los profesionales SERVICIO PAÍS de este 2020, desplegados en 100 comunas de todas las regiones de Chile, han debido enfrentar condiciones adversas, producto de la crisis sanitaria y social, y han sabido adaptarse y aportar de forma relevante, en los territorios a los que fueron asignados. Se necesitan personas valientes, dispuestas a transformar, sorprenderse, revivir la esperanza y aportar a Chile para construir un mejor país.

Catalina Littin, directora ejecutiva de la Fundación Superación de la Pobreza – SERVICIO PAÍS, señaló que “este año, tan difícil para todos y por sobre todo para las comunidades con más pobreza y vulnerabilidad, los profesionales SERVICIO PAÍS estuvieron presentes en los territorios desde un comienzo apoyando a las comunidades y a los municipios más rezagados en todas las regiones de Chile. En 2021, nuestro trabajo no se detendrá y seguiremos trabajando en la reactivación, en coordinación con los municipios, el gobierno, las comunidades, la sociedad civil y los privados”.

Ante un escenario de crisis social y sanitaria, los profesionales de este ciclo se han dedicado principalmente a la emergencia y también a la reactivación. Por ejemplo, se ha apoyado el acondicionamiento de mercados rurales; se han realizado operativos de salud en sectores aislados; la preparación de rutas turísticas; o el apoyo permanente en ollas comunes, catastros de familias, apoyo en el Registro Social de Hogares para recepción de subsidios, alfabetización digital, entre otros. Además, gracias a las donaciones de personas y privados, desde abril se han transferido recursos para financiar múltiples iniciativas en nueve regiones del país.

“Nuestro llamado es a actuar, a colaborar con otros, a acercar las oportunidades a los territorios, a participar de la reactivación y, también, a fortalecer el tejido social. En este sentido, el trabajo de los profesionales SERVICIO PAÍS es más importante que nunca. Y para esta nueva etapa en el país, el programa también estará allí, con profesionales llenos de coraje y compromiso”, afirma Catalina Littin.

Cifras clave

260 profesionales SERVICIO PAÍS en 100 comunas de Chile.

 Anualmente participan en el programa 12 mil personas, 414 organizaciones y se implementan 270 iniciativas.

Entre los tipos de actividades realizadas en 2020, están principalmente la atención de personas y visitas domiciliarias (27%), proyectos o iniciativas relacionados, por ejemplo, con el acceso a agua potable, mejoramiento de infraestructura y el apoyo tecnológico para la comercialización de productos (27%), y asesorías y asistencia técnica (24%).

Inteligencia e infiltraciones de agentes del Estado en el mundo popular, procedimientos al margen de la Ley

Hugo Catalán Flores, Unidad Estudios, CODEPU.

En varias oportunidades las operaciones de infiltración de Carabineros de Chile han sido descubiertas y denunciadas. La verdad, es que este tipo de acciones no son nuevas y existen antecedentes puntuales y contundentes en donde agentes de campo de las policías se vinculan con organizaciones o espacios de disidencias para, desde las sombras, construir acusaciones o montajes y así incriminarlos.

La ley que regula el Sistema de Inteligencia del Estado (SIE) señala que los organismos realizan la labor de «recolección, evaluación y análisis de información, cuya finalidad es producir conocimiento útil para la toma de decisiones» (artículo 2° letra A de la Ley 19.974). Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) deben operar en el marco de la norma, siendo esta relativamente clara en los límites para que agentes realicen labores de campo.

Esa frontera normativa está reforzada por el Principio de Legalidad contenido en el artículo 3° e indica: «…organismos y servicios de inteligencia y sus integrantes deberán sujetarse siempre en el cumplimiento de sus objetivos y funciones, a la Constitución Política del Estado y a las leyes de la República».

Consecuentemente, el artículo 31° de la ley señala que las policías «…podrán disponer que uno de sus funcionarios, en el ámbito de las competencias propias de su servicio y en el ejercicio… oculte su identidad oficial con el fin de obtener información y recabar antecedentes que servirán de base al proceso de inteligencia a que se refiere esta ley. Para tal objetivo, podrá introducirse en organizaciones sospechosas de actividades criminales… comprende el disponer el empleo de agentes encubiertos, y todos aquellos actos necesarios relativos a la emisión, porte y uso de la documentación destinada a respaldar la identidad creada para ocultar la del agente». Esta es parte de la descripción operativa que la ley SIE contextualiza el uso de funcionarios de campo.

No obstante, y en una revisión somera, no existe en el ordenamiento jurídico chileno alguna regla vigente que permita acciones de sabotaje o incitación a la violencia de algún agente encubierto.

Esta semana, un reportaje del portal Ciper informa sobre el modus operandi de un funcionario de Carabineros identificado como Giovany Arévalo Álvarez, que realizó labores de infiltración y sabotaje en la población de Lo Hermida, en la comuna de Peñalolén. Dice la nota que este habría instigado e impulsado actos de violencia entre organizaciones sociales y grupos afines, cuestión que está fuera de todo marco de legalidad, al menos de los protocolos que se conocen de Carabineros, claro, a no ser que estemos en presencia de otro tipo de procedimientos que sea de manejo interno y conocimiento compartimentado, cuestión que a la luz de la ley sería igualmente ilegal.

El «activista» Giovany sería la chapa del cabo segundo Oscar Cifuentes, quien premunido de toda una cobertura que asegurara su fachada, incluso con cédula de identidad «legítima» emitida por el Registro Civil, además de una historia construida coherentemente en RR. SS., logró generar la confianza para transitar por distintos espacios comunitarios, por ejemplo, entre otras, las ollas comunes de la población.

En principio, este incidente tiene relación con las herramientas que la ley del SIE le entrega a la principal institución de orden y seguridad pública, Carabineros. Probablemente, la institución realiza una interpretación amañada, al igual que en otras operaciones que terminaron en verdaderos chascarros que, si no fuera por el impacto sobre la integridad de decenas de personas, sería una comedia de situaciones.

Adicionalmente a la información que se entregó sobre la infiltración en la histórica población de Peñalolén, se ha sabido en las últimas horas sobre la participación de un «funcionario activo» de la Armada en acciones de sabotaje, y eventualmente en el incendio de la iglesia de San Francisco de Borja que pertenece a Carabineros. El individuo, fue detenido junto a otras cuatro personas.

Inmediatamente comenzaron a circular especulaciones sobre el papel de este «agente» en acciones de violencia en contexto de la celebración del primer aniversario de la rebelión de octubre de 2019.

No es descabellado pensar que podríamos estar en presencia de una operación de «bandera falsa», que es la denominación para montajes que pretenden justificar, de parte de un antagonista, acciones de represión masivas, o en el caso más graves enfrentamientos militares.

Con el horizonte puesto en estas operaciones, parece oportuno señalar algunas ideas sobre el urgente debate que se debe dar el mundo popular, y las organizaciones de los derechos humanos.

Primero, la ley que regula las acciones de inteligencia, su disposición y aplicación es arbitraria. Las autoridades políticas, desde la perspectiva de la orientación y planificación estratégica, y el mando policial son los que resuelven «objetivos», «tiempos» y «oportunidades», donde incluso, la judicatura hace un visado a posteriori al tratarse de labores de «recolección, evaluación y análisis de información» que no requiere ser supervisada por ministro de Corte, como sí sucede con la interceptación telefónica (Título V «Sobre procedimientos especiales de obtención de información»), por lo tanto, lejos de un control jurisdiccional a priori. Por ejemplo, si el Ministerio Público despacha una orden para investigar algún hecho calificado de delito, y que sea de aquellos que se permite utilizar las herramientas del SIE, las policías pueden operar sin problemas.

Una segunda idea tiene que ver con que la cuestionada operación de infiltración de Lo Hermida, se da en medio del debate parlamentario sobre la reforma al SIE, trámite que está desde el primer trimestre de este año alojado en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y que ha estado regada de incidencias políticas, como la censura en contra del presidente de la Comisión, el diputado Jorge Brito, que significó el término anticipado de su gestión; o las denuncias cruzadas de parte del Gobierno y el oficialismo sobre las demoras «artificiales» del debate que cuenta con «suma urgencia» por parte del ejecutivo.

Entonces, es oportuna la pregunta: ¿cómo estos incidentes debieran afectar los distintos aspectos que, a estas alturas, parecen pertinentes discutir sobre la reforma al SIE? Porque convengamos que, si el Sistema vigente tiene tal nivel de arbitrariedad, ¿cómo será si a las policías y a los organismos del Estado que tienen competencia en el área se les da mayores atribuciones?

Comentario aparte será sobre si se confirma, fuera de toda duda, que el «funcionario activo» de la Armada involucrado en los hechos de violencia del domingo 18 de octubre pertenece a Ancla 2 (órgano de inteligencia de la institución), pues que un funcionario de FF.AA. no tiene nada que hacer realizando labores de inteligencia, y mucho menos de sabotaje en contexto de una jornada de manifestación. Todo el debate sobre «información residual» que se ha dado al calor de la reforma del SIE pierde sentido.

Una última cuestión que deja abierto para análisis de estos incidentes tiene que ver directamente con las funciones y competencias de una institución central para el cumplimiento de un sinfín de tramitaciones: el Registro Civil, que se ha visto cuestionado por la documentación que portaba el cabo Cifuentes y que lo identificaba como Giovani Arévalo Álvarez, y que en la realidad es un joven músico de la comuna de Alto Hospicio que declaró que su documentación había sido robada.

¿Hasta qué punto este tipo de operaciones logísticas y de cobertura son habituales desde el servicio y qué otros usos se les puede dar?

¿Será posible suponer suplantaciones en mayor número o duplicidad de identidad?

Es tan amplio el rango de posibilidades que es sorprendente que las autoridades políticas del amplio arco de representaciones no hayan oficiado al menos una comisión que investigue los hechos.

Movilh lanza Primera Consulta Nacional sobre la Realidad de Migrantes LGBTI en Chile

Información de Movilh.

Con miras a implementar política y programas de apoyo que vayan en ayuda de este grupo humano, que es cada vez mayor en nuestro país

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) lanzó hoy la Primera Consulta Nacional para conocer la realidad, propuestas y demandas de la población venezolana y otros migrantes LGBTI en Chile, con miras a implementar nuevas áreas de trabajo en beneficio de este grupo humano.

La consulta, explicó el encargado de Derechos Humanos del Movilh, Ramón Gómez, se origina luego de “que la demanda de por ayuda que nos formulan personas venezolanas y otros migrantes LGBTI ha aumentado significativamente en los últimos tres años, con un aumento mayor del 40% en el transcurso del 2020. Todo esto esto nos lleva a levantar una consulta, para ofrecer de la mejor manera nuestra coloración o ayuda a migrantes LGBTI en Chile”

Entre otros, el pionero sondeo indagará sobre la situación de discriminación por nacionalidad, orientación sexual o identidad de género que han vivido los y las migrantes en Chile y/o en su país de origen, en las razones porque optaron en habitar nuestro país, en la posición socioeconómica, laboral, educacional y de salud en la cual se encuentran, en sus expectativas, en su situación migratoria y en la evaluación que hacen de nuestro país para satisfacer sus necesidades, entre otros

“Invitamos a todas, todos y todes los migrantes LGBTI a responder esta encuesta y ayudar a que otros/as migrantes también lo respondan, de manera de tener  una muestra que sea representativa y nos dé luces reales sobre la situación en que se encuentran en Chile”, finalizó Gómez

Si eres migrante LGBTI y vives en Chile, contesta la consulta aquí

Presupuesto 2021: El abandono del financiamiento público para áreas protegidas

Información de Fundación Terram.

Chile posee un vasto y largo territorio con diversidad de paisajes y ecosistemas, que le permiten albergar una rica biodiversidad terrestre y marina. Para conservar las riquezas continentales, existe el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), el cual posee un total de 105 áreas bajo protección oficial, abordando una superficie de 18,6 millones de hectáreas, que corresponden al 21,3% del territorio continental del país. Para el caso de la protección de los ecosistemas marinos, el país cuenta con varias categorías de conservación, dependientes de distintos ministerios las cuales se agrupan en la figura de Áreas Marinas Protegidas (AMP), las cuales abordan un 42,3% (146.942.281,8 hectáreas) de las 200 millas marinas que comprenden la Zona Económica Exclusiva de costa nacional.

Sin embargo, a pesar de contar con una gran extensión del territorio terrestre y marino protegido, nuestro país fue identificado como uno de los “top ten” que invierten menos en conservación a nivel global en 2019, situación que queda claramente reflejada en el presupuesto estatal otorgado para las tareas de conservación terrestre y marina  en los últimos años y, especialmente, en el que se destinará para 2021.

Según datos publicados recientemente por Fundación Terram, para el año entrante la propuesta de aporte fiscal para el SNASPE tiene una disminución de casi $550 millones, 9,5% menos que el de 2020. Además, se debe considerar que este presupuesto está conformado por aporte fiscal e ingresos de operación, estos últimos son producto de la recaudación por pago de entradas a las áreas protegidas.

Asimismo, los datos demuestran que el aporte fiscal ha ido disminuyendo cada año desde 2017, y la baja es aún más reveladora si se compara con el aporte que se realizaba hace una década: “en 2010, el Estado invirtió $372 por hectárea. Si el cálculo se realiza con el aporte fiscal presupuestado para el 2021, con una superficie actual de 18.616.767 há, el Estado pretende invertir $279; es decir $93 por hectárea menos que en 2010”, señala esta minuta de la organización.

La problemática relacionada con el financiamiento público para la administración y gestión de áreas protegidas terrestres y marinas, está lejos de tener una solución. Para las áreas protegidas terrestres el aporte fiscal ni siquiera garantiza un piso mínimo como seria cubrir los sueldos de los trabajadores del SNASPE, estos dependen de los ingresos de operación, es decir, de las visitas que podrían recibir las áreas protegidas.

“Si uno considera el contexto de la pandemia que podría extenderse para 2021, es evidente que existe la posibilidad que recaudación no ocurran como está presupuestado. Allí recae la necesidad de aumentar el aporte fiscal, además de todas las necesidades propias que requiere la mantención y gestión de estas áreas”, señala Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram.

La realidad de las Áreas Marinas Protegidas (AMP):

El panorama de las AMP no es muy distinto, a pesar que en 2018 Chile se convirtió en uno de los países con más superficie marina protegida. Sin embargo, el financiamiento sigue siendo sumamente deficiente.

Una parte del problema es que, actualmente, no existe un órgano centralizado que se encargue de la gestión de este tipo de áreas de conservación. El presupuesto fiscal considera aportes al Ministerio de Medio Ambiente (MMA), al Ministerio de Relaciones Exteriores a través del Instituto Antártico Chileno, al Servicio Nacional de Pesca y  Acuicultura (SERNAPESCA), y al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de los Gobiernos Regionales.

“La brecha financiera operacional para implementar, gestionar y administrar efectivamente las AMP existentes es de tal magnitud, que invita a reflexionar si, en estricto rigor, las actuales AMP constituyen áreas de protección. Se requiere con urgencia aumentar los niveles de conocimiento e información sobre AMP y desarrollar una planificación financiera que permita cumplir con los acuerdos internacionales y las políticas públicas y normativas vigentes en Chile sobre la materia”, señala Fundación Terram en esta minuta sobre el tema.

Según los datos que se pudieron reconocer por la ONG ambiental, el presupuesto total destinado por parte del Estado para 2021 al MMA, es de $0,9 por hectárea, y presenta una disminución de 31,7 % respecto a 2020. “Según un estudio realizado en 2018, el financiamiento sólo cubre un 1,7% del monto estimado como necesario para un funcionamiento apropiado de las áreas existentes”, señala la organización en su documento.

Similar es la situación de los aportes estatales destinados para AMP en el Ministerio de Relaciones Exteriores, institución en que el presupuesto para 2021 disminuyó en 29,4% ($ 61.620.000) respecto del 2020 (cuyo presupuesto aprobado fue de $ 209.455.000).

Analizando los datos sobre el aporte fiscal tanto a las áreas de conservación marina como terrestre, resulta evidente que es urgente un aumento sustantivo del aporte fiscal de las áreas protegidas en general. “El compromiso del Gobierno con la conservación tiene que ver con la declaración de zonas protegidas, pero esto debe ir acompañado de los recursos públicos que permitan garantizar acciones de conservación efectiva. En la actualidad, observamos que tal compromiso no existe, lo cual obviamente deja en una situación de vulnerabilidad a valiosos ecosistemas ante actividades extractivas como la minería, la extracción de turba, la salmonicultura o la pesca ilegal como recientemente se ha denunciado en el país. Es necesario que el Estado de Chile, tome un rol más activo en la protección y conservación de la naturaleza”, concluye Liberona.

Descarga la minuta sobre presupuesto SNASPE aquí.

Descarga la minuta sobre presupuesto para Áreas Marinas Protegidas aquí.

“Las futuras protagonistas”

Por Mercedes Ducci Budge, presidenta de ComunidadMujer.

Las y los centennials marcaron su presencia como votantes en el Plebiscito del 25 de octubre. Y, sin dudas, seguirán activos para lo que viene. Según el estudio “¿Qué perfil de constituyentes queremos?” (Espacio Público), en Chile el segmento entre 15 y 24 es el que más interés tiene en el proceso constituyente y, entre todos los segmentos etarios, las y los más jóvenes aparecen como quienes creen estar mejor informados sobre el proceso y muestran una alta determinación de votar en las elecciones de constituyentes. Según la caracterización que se hace de este grupo etario, posiblemente sean los más impacientes y quienes tengan la más alta expectativa de cambio en el proceso que se inicia en nuestro país.

¿Quiénes son centennials? Básicamente los menores de 24. En Chile son 4,7 millones de personas. Nacieron en un entorno tecnologizado, están acostumbrados a los resultados rápidos, se sienten distanciados de los gobiernos, adhieren a causas sociales y la preocupación por el medioambiente es una de sus banderas. Saben cuánto afectarán su futuro las decisiones de hoy.

Se habla de un cambio de época y será desafío de las y los jóvenes encontrar las respuestas en una sociedad digital en que no sirven más las mismas fórmulas que parecen agotadas.

Y en ese futuro, las niñas deben tener un lugar protagónico. Las adolescentes de hoy crecieron en un mundo interconectado, donde ya hay muchas mujeres que han gobernado, otras que han hecho gigantescos aportes en las ciencias y las matemáticas, hay líderes que conducen grandes empresas y que comandan innovación. Han visto mujeres a la cabeza de la FED, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.

Ellas ya saben que las niñas pueden, como venimos repitiendo desde ComunidadMujer hace ya varios años. Han visto cómo cada barrera va cediendo, incluso en espacios tan masculinos como el fútbol. Aunque falta mucho, el camino para que ellas influyan poderosamente se ve más abierto que nunca antes. Si la corresponsabilidad avanza y se comparte el trabajo doméstico y de cuidado, ellas podrán pensar y ejecutar en grande.

Greta Thunberg con la causa del Medio Ambiente o Malala Yousafzai abogando por la educación de las niñas no son casos aislados. Están asumiendo un rol protagónico que antes no habría sido posible.

En Chile tenemos grandes ejemplos, como Tremendas, una plataforma para visibilizar a las jóvenes empoderadas, que canalizan su talento con sentido, buscando mejorar la sociedad. Hay otras iniciativas como Ingeniosas, que fomenta vocaciones en ciencia y tecnología. O el colectivo Niñas Valientes que, a través de la educación emocional, empodera a niñas y adolescentes. Como esas, muchas organizaciones buscamos dar alas a las niñas, para que puedan desarrollar todas sus posibilidades, sin límites. Nuestro país va a requerir de todo su talento y con los problemas que enfrenta, el mundo necesita que ellas aporten una nueva perspectiva. Las niñas pueden.

Columna publicada en La Tercera el viernes 06 de noviembre de 2020.

Derecho a la regularización migratoria: el Estado al debe

Por Mabel Cobos Chileno-ecuatoriana. Traductora, Magister en Estudios Internacionales. Coordinadora del Área de Educación. Observatorio Ciudadano.

El pasado lunes 02 de noviembre circuló en diversos medios de comunicación la noticia de la presencia de largas filas de personas de nacionalidades colombiana, venezolana y, en su mayoría, cubana, en las afueras del Departamento de Extranjería y Migración en la comuna de Santiago, debido al rumor de que serían entregadas visas de refugio. Eran hombres, mujeres, niños y niñas migrantes que, en algunos casos, esperan desde hace años regularizar su situación en el país.

La regularización migratoria implica otorgar un rut, una cédula de identidad y un permiso de residencia a las personas en situación de movilidad, con lo cual pueden desarrollar múltiples actividades necesarias para la subsistencia, como trabajar, arrendar un inmueble, tener acceso a salud o educación. “Los sin papeles”, “indocumentados” o “ilegales” como erróneamente se denomina a las personas en situación migratoria irregular, dependen de la gestión efectiva del Estado para regularizar su situación, de lo contrario, son más proclives a ser víctimas de abusos, vulneraciones de sus derechos, exclusión y precariedad.

La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares que Chile ratificó en 2005, ya en su preámbulo señala la importancia de la regularización de las personas migrantes, indicando que: “los problemas humanos que plantea la migración son aún más graves en el caso de la migración irregular, y convencidos por tanto de que se debe alentar la adopción de medidas adecuadas a fin de evitar y eliminar los movimientos y el tránsito clandestinos de los trabajadores migratorios, asegurándoles a la vez la protección de sus derechos humanos fundamentales”. Esta misma convención a su vez declara en el artículo 69 la necesidad de que los Estados parte tomen las medidas apropiadas para asegurar que la irregularidad de las y los trabajadores migrantes no persista.

La regularización se puede realizar a través de la solicitud de visa o permiso de residencia, o bien, que los gobiernos en ejercicio lleven a cabo regularizaciones masivas extraordinarias, para que así las personas que por distintas razones tengan una situación migratoria irregular, puedan por fin obtener su documentación.

En Chile, han habido tres procesos de regularización extraordinaria. El primero se llevó a cabo el año 1997 bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, proceso llamado “Amnistía provisoria”, en el cual se acogieron 22 mil personas extranjeras -la mayoría de nacionalidad peruana- a quienes se les otorgó visas de trabajo temporales por dos años, sin necesidad de exhibir un contrato de trabajo (Freixas, 2018). Luego, durante el mandato de Michelle Bachelet y gracias a la presión de organizaciones migrantes, se desarrolló entre los años 2007 y 2008 el denominado “Proceso de Regularización de Permanencia”, al cual se acogieron 47 mil personas (Minrel, 2010), la mayoría de nacionalidad peruana, pero también boliviana y ecuatoriana. Este proceso otorgó una visa de residencia temporaria de un año de vigencia, con la posibilidad de que al término de dicho plazo pudieran solicitar la visa correspondiente, de acuerdo a la normativa de Extranjería. Además se estableció que nadie pagaría multas (Freixas, 2018).

El último proceso de regularización impulsado por el actual mandatario Sebastián Piñera, se llevó a cabo entre junio de 2018 y finales de octubre de 2019 y no estuvo exento de problemas. Desde un comienzo suscitó las críticas de diversas organizaciones migrantes y de la sociedad civil, así como de académicos y académicas expertas en materia de movilidad humana, debido principalmente a su deficiente implementación, falencias en el acceso y en la entrega de la información, y por los acotados plazos del mismo. Esto originó incertidumbre y desconfianza en las comunidades migrantes, hablándose incluso de una regularización fallida (Andrade, 2019).

Según estimaciones del gobierno, eran 300 mil las personas que se encontraban irregulares en el país, sin embargo, únicamente se presentaron 155.483 peticiones de Visas Temporarias de Regularización Extraordinaria, de las cuales un 88,5% fueron otorgadas (131.399), un 5% fueron rechazadas y el resto no fueron acogidas por no cumplir con los requisitos (DEM, 2020). Es necesario señalar además que para ciertas nacionalidades, como la venezolana o haitiana, es muy difícil acceder a los documentos que requería el proceso, y por tanto, muchos quedaron fuera. Asimismo, preocupa que la mitad de las personas que supuestamente debían regularizarse, finalmente no lo hicieron o no pudieron hacerlo. Lo anterior explica que en la actualidad exista un alto porcentaje de personas sin su documentación, y por ende, no sorprende el alto número de personas migrantes o afectas a refugio, que estuvieron a las afueras del DEM queriendo regularizarse.

La Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) lanzaron recientemente un documento titulado “Laberintos de papel. Desigualdad y regularización migratoria en América del Sur”, el cual realiza un análisis comparado de legislaciones, normas y políticas migratorias de varios países de la región. En uno de sus apartados se señala que: “la regularización migratoria es el mecanismo central para incluir y proteger a la población migrante. Ante la evidencia de que el estatus migratorio irregular profundiza la marginalidad pero no impide ni desalienta la migración, en las últimas dos décadas muchos países de la región promovieron –por lo menos a nivel normativo o discursivo– la regularización como un mecanismo de inclusión, como un deber u obligación de los Estados y como un derecho de las y los migrantes”.

No obstante estos fundados argumentos, preocupa que el proyecto de ley de migración que se está discutiendo actualmente con suma urgencia en el parlamento, se aleja bastante de las recomendaciones del citado documento. De hecho, esta iniciativa, no consagra el derecho a la regularización, al contrario la fomenta, tal como señala Fernanda Stang (2020):“el proyecto de ley crea una serie de obstáculos que empujan a la población migrante a la irregularidad: la visa consular, la imposibilidad de cambiar de categoría migratoria estando en el territorio nacional, además de abrir camino para establecer un sistema de visado con categorías selectivas y, por lo tanto, discriminatorias”.

Urge por tanto que el Estado de Chile aborde la movilidad humana desde una perspectiva de los derechos humanos y actualice su normativa de acuerdo a los estándares e instrumentos internacionales que ha ratificado, así como también considere los derechos a migrar y a regularizarse en la nueva legislación, tal como lo muestra la experiencia comparada, que los han incluido también en sus constituciones. Más aún cuando nos encaminamos a un importante proceso de cambio constitucional. Sólo de este modo podremos cimentar el camino para que no se vulneren los derechos de la población migrante en el país y no tendremos que ser testigos nuevamente de largas filas de personas exigiendo su derecho a regularizarse.

Chileno-ecuatoriana. Traductora, Magister en Estudios Internacionales. Coordinadora del Área de Educación. Observatorio Ciudadano.
Referencias
Andrade, Eduardo. “¿Regularización migratoria fallida? Dudas ante el fin del proceso que pretendía “ordenar la casa””. Diario Universidad de Chile. 19 de julio de 2019. Disponible en: https://radio.uchile.cl/2019/07/19/regularizacion-migratoria-fallida-dudas-ante-el-fin-del-proceso-que-pretendia-ordenar-la-casa/
Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF) y Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Laberintos de papel. Desigualdad y regularización migratoria en América del Sur. Octubre de 2020. Disponible en: https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2020/10/CELS_Migrantes_digital_Final-1.pdf
Coalición para el Fortalecimiento de los Derechos Humanos en Chile. Informe Alternativo de Sociedad Civil para EPU, 132° Periodo de Sesiones Consejo de DDHH. Julio de 2018. Disponible en: https://observatorio.cl/informe-alternativo-de-sociedad-civil-para-epu-132-periodo-de-sesiones-consejo-de-ddhh-cfddhhch-julio-2018-2/
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Disponible en: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cmw.aspx
Departamento de Extranjería y Migración (DEM). “Baja de migrantes que ingresan a nuestro país comenzó desde mayo de 2019”. 23 de enero de 2020. Disponible en: https://www.extranjeria.gob.cl/noticias/baja-de-migrantes-que-ingresan-a-nuestro-pais-comenzo-desde-mayo-de-2019/
Freixas, Meritxell. “1998 y 2007: así fueron las otras regulaciones migratorias masivas en Chile”. El Desconcierto. 23 de abril de 2018. Disponible en: https://www.eldesconcierto.cl/2018/04/23/1998-y-2007-asi-fueron-las-otras-regulaciones-migratorias-masivas-en-chile/
Ministerio de Relaciones Exteriores. Intervención durante la presentación del informe de Chile ante el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares. 16 de septiembre de 2011. Disponible en: https://minrel.gob.cl/intervencion-durante-la-presentacion-del-informe-de-chile-ante-el-comite/minrel_old/2011-09-16/110521.html
Stang, Fernanda. “Sin escuchar a los migrantes”. El Mostrador. 18 de julio de 2020. Disponible en: https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/07/18/migrantes-derechos-humanos-y-ciudadanos/