Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales

El mérito de llamarse Baltazar Garzón

El procesamiento del Juez Baltasar Garzón Real por parte del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo de España ha causado amplio debate y conmoción mundial. El motivo directo tiene relación con su intento de juzgar el genocidio ejercido durante la dictatura franquista, proceso en que se habría extralimitado y actuado con prevaricación, […]

El procesamiento del Juez Baltasar Garzón Real por parte del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo de España ha causado amplio debate y conmoción mundial. El motivo directo tiene relación con su intento de juzgar el genocidio ejercido durante la dictatura franquista, proceso en que se habría extralimitado y actuado con prevaricación, según acusaciones de la organización Falange Española de las JONS, implicada directamente por Garzón en los crímenes que se pretendían investigar.

El 14 de octubre de 2008 Garzón había resuelto declararse competente para investigar a los desaparecidos del franquismo. El 14 de diciembre de 2006, un grupo de abogados representantes de asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica y un diputado socialista presentaron ante la justicia un total de ocho denuncias en las que solicitaban una investigación sobre las desapariciones, asesinatos, torturas y exilios forzosos cometidos desde 1936, año en que comenzó la Guerra Civil. En octubre de 2008, estas asociaciones hicieron llegar un listado con 133.708 víctimas. En respuesta a esta demanda Garzón autorizó la exhumación de 19 fosas comunes, incluida la que acogió el cuerpo del poeta Federico García Lorca. Sin embargop, el 7 de abril de 2010, el magistrado Luciano Varela decidió transformar en un procedimiento abreviado las diligencias abiertas al juez Baltasar Garzón por el presunto delito de prevaricación que habría cometido al iniciar, sin competencia legal, la causa por las desapariciones del franquismo.

Esta imputación busca atacar un modelo de justicia basado en la defensa de los Derechos Humanos conforme al Derecho Internacional que millones de ciudadanos y víctimas reclaman en todo el mundo. Al juzgarle de esta forna se busca condenar en un juicio sumario a todos los defensores de la democracia y la justicia y sentar un nefasto precedente a favor de la impunidad de crímenes imprescripctibles e inamnistiables cometidos por dictadores corruptos y enemigos de la democracia. Este caso vuelve a demostrar la necesidad de garantizar el principio de Justicia Universal por el que se establece la competencia de la justicia para juzgar los delitos de genocidio, lesa humanidad y terrorismo cometidos en el extranjero aunque sean cometidos por personas extranjeras.

El juez Baltasar Garzón es una personalidad reconocida internacionalmente por sus incesantes esfuerzos en la persecución de este tipo de crímenes y por ser uno de los principales promotores de la derogación de las leyes de Amnistía que benefician a los violadores de los DDHH. Por esta razón hoy es víctima de una campaña promovida por sectores extremistas, que intentan detener el avance de los procesos internacionales que buscan alcanzar verdad, justicia y reparación en casos de violaciones a los derechos fundamentales.

Su carrera judicial le ha llevado a enfrentar casos de extrema complejidad en la que no ha dudado en mostrar independencia política. Recordemos que el Partido Popular español elogió en su minuto la investigación que Garzón desarrolló en contra de la trama los Grupos Antiterroristas de Liberación GAL, en la que se vieron implicados dirigentes socialistas. Esta investigación permitió juzgar a una organización paramilitar que buscó acabar con la organización separatista vasca ETA por medio de asesinatos selectivos y de empleando la tortura. Simultáneamente, Garzón ha mostrado el mismo rigor en el combate del terrorismo de ETA.

El mérito de Garzón ha sido mantener una línea de consecuencia y rigor en materia de impedir que las violaciones de los Derechos Humanos se mantengan impunes. Ha ayudado a sentar jurisprudencia en materia de la intangibilidad de los derechos y en consecuencia, a vialibilizar el carácter imprescriptible e inmanistiable de delitos de lesa humanidad. Por ese motivo para los chilenos será inolvidable su histórica resolución que permitió que Augusto Pinochet fuera detenido en Londres el 18 de octubre de 1998.

Las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos en Chile creemos que el Tribunal Supremo de España debe atenerse a sus responsabilidades constitucionales, impidiendo que acusaciones ideológicas, que buscan preservar la impunidad, prevalezcan sobre los criterios de justicia. No se trata de un juicio cualquiera. Somos muchos los que estamos observando.