Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales

Derechos sexuales y reproductivos: los pendientes en materia de autonomía

¿Cuánto ha avanzado Chile hacia la consolidación de una sociedad de derechos? Cuesta decir algo en general y cuando se hace la pregunta desde los avances en materias de género, cuesta aún más responder. El reciente debate sobre la despenalización del aborto nos confronta una vez más a los múltiples vacíos, contradicciones, retrocesos consumados, odiosa […]

¿Cuánto ha avanzado Chile hacia la consolidación de una sociedad de derechos? Cuesta decir algo en general y cuando se hace la pregunta desde los avances en materias de género, cuesta aún más responder.

El reciente debate sobre la despenalización del aborto nos confronta una vez más a los múltiples vacíos, contradicciones, retrocesos consumados, odiosa desigualdad social, acceso diferenciado por clase a los recursos y tantos otros malestares que no pueden sino amargar la existencia de una ciudadanía condenada a vivir en el doble estándar y a “sacar la castaña con la mano del gato” para resolver los problemas que enfrenta.

Las clases dirigentes se resisten a observar la realidad tal cual es, no desde sus marcos teóricos e ideológicos, sino desde el drama que viven las mujeres al tener que desarrollarse en sociedades que están “ordenadas” en función de cuánto valemos y qué poder y autonomía tenemos en función del género.

Las mujeres en Chile tenemos negado el derecho a la autonomía física y emocional, y por la radicalidad de los discursos infiero que no tenemos para cuándo arribar a una solución. Y es que frente al aborto saltan todas las voces hegemónicas, puritanas, conservadoras y misóginas de nuestra sociedad. Este debate nos sitúa en el momento inicial del análisis de género aplicado a la comprensión de las dinámicas y problemáticas sociales.

Así como la tensión entre autonomía y clase social le pasó la cuenta a la ex Ministra Molina.

Me viene a la memoria el caso de la niña Belén, de 12 años, abusada sistemáticamente por un familiar. La menor debe asumir un embarazo en las condiciones de vulneración a los derechos humanos más atroces que una sociedad le pueda hacer a una niña. Recuerdo cómo se levantaron las voces de quienes eran autoridad en ese momento para “santificar” a través de la maternidad un acto brutal de violencia de género. No sólo confluyeron aquí desigualdades de clase sino también, y con todos sus elementos, la expresión de la violencia de género más repudiable.

“La santificación de la maternidad” es una de las trampas más fuertemente instaladas en el imaginario colectivo de la ideología dominante, con las consecuentes implicaciones que esto tiene para el ejercicio de la autonomía y la conformación de la individualidad, desde una sociedad de derechos.

Lo primero que hay que señalar es que la sociedad chilena sigue sosteniendo el “servicio maternal obligatorio”, como base de los valores de la familia. A través de los procesos de socialización, las niñas siguen conformando su identidad asociada a que lo propio es la maternidad, la casa y el cuidado de otros y, así, expansivamente hasta hacer descansar en su espalda todas las tareas de cuidado que una sociedad requiere para seguir desarrollándose.

Ello, en suma, sin reconocimiento económico ni social y sin autonomía para la decisión ni mucho menos para dejar de hacerlo. Generando, además, todas las consecuencias que sabemos tiene la división sexual del trabajo y el consecuente daño de “oportunidad” que tiene para las mujeres este ordenamiento social, sin contar el daño previsional.

Esta “santificación” lleva consigo también la negación e incapacidad de desarrollar la conciencia del sí mismo, desde un sustrato de derechos y desde cómo una sociedad se desarrolla para asegurar que los procesos de socialización que se implementan aseguran la formación de una ciudadanía consciente de sus derechos y capaz de ejercerlos.

Las niñas aprenden desde sus experiencias más vitales que son sujetos naturales del abuso y de la negación del derecho, sobreviven al abuso aprendiendo a negarlo, a minimizarlo, no solo por la adaptación, sino también porque la familia y la sociedad le confirma que “lo va a superar”, “que no es tan grave” y que la “maternidad la va a salvar”. Además, no tiene otra puerta que tocar porque la ley, desde 1989, le señala que no puede decidir sobre su propio cuerpo, así la hayan violado, o que el feto que lleva dentro sea inviable o que esté en riesgo su propia vida.

Hay que tener en cuenta que Chile es uno de los países de América Latina con mayor tasa de abortos. Si bien, al ser ilegal, no podemos tener una cifra exacta respecto a su número, existen cifras extraoficiales que hablan de 70.000 a 200.000 abortos por año.

En el marco del debate hacia una nueva legislación sobre el aborto en Argentina, el doctor Aníbal Faúndes, médico chileno, ginecólogo y obstetra señala que “continuar criminalizando el aborto es la manera más segura de contribuir a la mortalidad materna”. Se refirió también a la injusticia social que implica el tema, sosteniendo que solo accede a un aborto seguro la mujer que puede pagarlo.

Faúndes asimismo sostuvo que “mientras ellas son penalizadas, procesadas y hasta enviadas a prisión por la interrupción del embarazo, los hombres- necesariamente implicados- no tienen castigo en la mayoría de los casos, tampoco exponen su salud a situaciones riesgosas, ni son excomulgados. Si los hombres fueran los que abortaran, en esta sociedad patriarcal, la disputa hubiese sido resuelta hace mucho tiempo”.

Si es tan evidente que la criminalización no reduce el número de abortos entonces ¿por qué es tan complicado modificar la ley?

Simplemente porque estamos frente a un país que sigue teniendo fuertes componentes patriarcales y misóginos en sus dirigencias y sigue considerando a las mujeres como ciudadanas de segunda clase.