29 de mayo de 2012

Anuncios presidenciales: ¿dádivas o derechos?

Anuncios presidenciales: ¿dádivas o derechos? por José Aylwin
Co director del Observatorio Ciudadano e integrante del directorio de ACCIÓN

El pasado 21 de mayo el Presidente Sebastián Piñera entregó su tercera cuenta anual al Congreso Nacional sobre el “estado administrativo y político de la Nación”. Lo hizo pasada la mitad de su mandato, en un momento en que su popularidad alcanza tan sólo a un cuarto de la población. Este último hecho es, sin duda, clave para entender el tenor de su intervención, la que claramente intenta seducir a una ciudadanía decepcionada y convencerla de las bondades de su gestión.

Todo acompañado de ofertas varias, que incluyen desde proyectos para la aprobación de los consabidos bonos –como los denominados “solidarios” para las familias en situación de pobreza y aquellos destinados a premiar a adultos mayores que hayan cumplido sus “bodas de oro”-, hasta planes de inversión carreteros, portuarios, y la construcción del puente a Chiloé instruida directamente por el Presidente al MOP, como si se tratara de recursos que le pertenecen.

Tales anuncios resultan censurables, no tan solo por su insuficiencia para resolver los profundos problemas de injusticia e inequidad del país, que el mismo Piñera reconoce al admitir que un cuarto de los niños de Chile vive en la pobreza, sino también porque desconocen que las personas y los pueblos lejos de ser destinatarios de dádivas presidenciales, somos sujetos de derechos que deben ser garantizados por el estado.

En efecto, el estado que él preside se ha obligado -tanto en virtud de su precario ordenamiento interno, como de tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile- a desarrollar el máximo de esfuerzos para garantizar el ejercicio y vigencia efectiva de derechos civiles y políticos, así como de derechos económicos, sociales y culturales de los que somos titulares. El estado, además, se ha obligado a garantizar derechos especiales a sectores específicos de la población, como las mujeres, los niños, los migrantes, los pueblos indígenas, en atención a su particular realidad de vulnerabilidad o discriminación, o en razón de la desprotección histórica de que han sido objeto.

No obstante, las referencias que el Presidente Piñera hizo sobre los derechos humanos en su cuenta fueron escuetas. Éstas se limitaron a constatar las condiciones inhumanas del sistema penitenciario y al anuncio de medidas administrativas y legislativas para abordar el problema de la sobrepoblación carcelaria, así como para el mejoramiento de la justicia civil y la creación de una subsecretaría de derechos humanos.

El Presidente reconoce a inicios del mensaje que entre las dificultades que su gobierno ha debido enfrentar, como el terremoto de 2010 y la crisis financiera, está la existencia de “una nueva ciudadanía más exigente de sus derechos”. Se refiere, sin duda, a los movimientos sociales tales como los estudiantes por una educación gratuita y de calidad, por igualdad y no discriminación, de las comunidades locales y regionales contra el centralismo y protegiendo recursos como el agua, de los pueblos indígenas que se han movilizado en los últimos años y con particular intensidad durante el 2011, en reclamo de sus derechos humanos individuales y colectivos desprotegidos por el estado. Reclamaciones que como sabemos siguen sin ser atendidas.

Paradojalmente la cuenta del Presidente lejos de hacerse eco de estas demandas, desvirtúa las exigencias de estos movimientos. Un ejemplo evidente de ello son las reclamaciones de los estudiantes, las que no obstante contar con el apoyo de la gran mayoría del país, fueron claramente desechadas en su cuenta. Insistiendo en la “libertad de los padres de elegir la educación de sus hijos y de los ciudadanos a emprender y aportar en el mundo de la educación” y anunciando planes para los niños de la educación preescolar, cuya voz -irónicamente sostiene el Presidente- se escucha fuerte en la Moneda, a pesar de que ellos “no marchan ni protestan.”

Igualmente grave a este respecto resulta la referencia que el Presidente Piñera hizo de la violencia y agresiones sufridas por carabineros en el marco de las movilizaciones sociales, y la total desconsideración de una realidad crítica de derechos humanos relacionadas con ellas, como lo es la limitación al ejercicio del derecho a la manifestación por parte de la población civil y el uso abusivo de las fuerzas policiales en contra de la misma población, verificadas el último año.

La cuenta presidencial resulta también decepcionante para otros sectores del país que se han movilizando en los últimos años en defensa de sus derechos trasgredidos, como lo son las comunidades afectadas por grandes proyectos de inversión, y relacionado con ello, las comunidades regionales y locales del país, las que se ven imposibilitadas llevar adelante sus planes de vida por estar excluidas de las instancias en las que se toman las decisiones que les conciernen. Es el caso de la comunidad de Aysén, que durante 2011 se manifestó masivamente en contra de la imposición de HidroAysen, proyecto se opone a la visión y planes de una región que se declaró como reserva de vida, y cuyo desarrollo sigue siendo definido desde Santiago, o por burócratas regionales designados desde el poder central, sin participación local.

Es el caso también de los pueblos indígenas, quienes llevan décadas exigiendo del estado no solo un reconocimiento constitucional, como el que el Presidente Piñera replanteó como anuncio en su cuenta -a pesar de existir un proyecto en tramitación en el Congreso desde hace ya dos décadas-, sino también de su derecho a la tierra y a los recursos naturales de propiedad ancestral, a la participación política y al control de sus propios asuntos en materia económica, social y cultural. Se trata de reclamaciones que, como sabemos, lejos de ser atendidas, han sido criminalizadas desde el estado a través de la persecución judicial de hechos de protesta social y del uso abusivo de fuerzas policiales en contra de sus comunidades.

Llama la atención finalmente el que Piñera, no obstante reconocer la existencia de esta “nueva ciudadanía” exigente de derechos, no haya acusado recibo ni hecho un análisis de la que constituye la demanda central de dicha ciudadanía. Nos referimos a la demanda por la construcción, a través de un proceso constituyente, de un nuevo pacto social, que se vea reflejado en una nueva Constitución Política que ponga término a múltiples formas de exclusión -económicas, sociales, étnicas, culturales- persistentes hasta la fecha al amparo de la Constitución Política que nos legó de la dictadura.

Lejos de acoger este evidente grito de las personas y los pueblos el Presidente nos sigue tratando en su mensaje como clientes, como niños, y nos propone más de lo mismo.

Ha llegado el tiempo de que el Presidente de la República escuche esté clamor de la “nueva ciudadanía”. Ello, por cierto, también es aplicable a los demás poderes del estado, en particular al poder legislativo, el que sigue, en muchos casos, desconociendo las reclamaciones de los movimientos sociales para la introducción de transformaciones jurídicas que permitan un efectivo reconocimiento y ejercicio de derechos humanos individuales y colectivos que nos asisten.

El mensaje al Congreso Nacional, en síntesis, refleja la sordera del Presidente Piñera. Sordera que lamentablemente es común en muchos sectores de la clase política, y que da cuenta de su incapacidad para oír el reclamo de la ciudadanía por un nuevo pacto social, plural e incluyente, que ponga término a las inequidades e injusticias hasta hoy prevalecientes en nuestro país.

Es solo mediante este nuevo pacto social, a ser construido a través de procesos incluyentes y democráticos, y no a través de bonos, caminos o puentes, que se logrará superar las injusticias e inequidades que el Presidente Piñera reconoce persisten en Chile. Un pacto social, que como también hemos señalado anteriormente, reconozca la plurinacionalidad existente en el país, así como los derechos que corresponden a los diversos pueblos y personas que aquí habitamos. Que permita además que dichos pueblos y personas recuperemos el control de los bienes comunes que nos han sido apropiados, entre ellos el agua, cada vez más escasa, y de los recursos del suelo y del subsuelo, a fin de asegurar que su utilización garantice su sustentabilidad para las futuras generaciones.

¿Cuántas cuentas más se requieren para que un jefe de estado así lo entienda?

 

Categoría:

Comenta

Conectar con Facebook