Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales

Conectar para combatir las violencias institucionales

El 25 de noviembre se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia  contra las Mujeres, en memoria de las hermanas Mirabal, luchadoras dominicanas que fueron asesinadas en 1960 por oponerse a la dictadura de Trujillo.  Recién hace apenas 19 años, en 1999, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó este día; ampliando una iniciativa del movimiento feminista latinoamericano, que desde 1981 conmemoraba esta fecha para denunciar la violencia contra las mujeres y reclamar políticas para erradicarla.

El Estado liberal ha legitimado normas, políticas, formas de relación con la sociedad y políticas configurando un orden de género.  La falsa idea de que la protección de los derechos de las mujeres está garantizada por la igualdad formal, olvida que esas normas, en casi todo el planeta las han dictado mayorías masculinas en el poder legislativo y han invisibilizado las violencias que experimentan las mujeres y también los grupos LBTGQ.

En las últimas décadas, los Estados han legislado y formulado políticas públicas que han dado creciente visibilidad a la violencia de los agresores contra las mujeres, pero bastante menos al hecho que el Estado es un agente que contribuye a institucionalizarla, sea a través de actos de violencias físicas, psicológicas o sexuales de sus propios agentes o por la responsabilidad que tiene el Estado y sus agentes en la prevención, sanción y erradicación de dichas violencias contras las mujeres.

Las feministas han denunciado sistemáticamente que la violencia de género se nutre de las violencias institucionales, de las acciones u omisiones realizadas por el Estado y sus autoridades y han sido incesantes en su denuncia y crítica respecto de los límites de la legislación, mecanismos y políticas públicas adoptados por los Estados.

Por ello hoy en día redes y colectivos feministas en América Latina abogan por un enfoque interseccional  para abordar la violencia de género, estableciendo la interconexión de los diferentes sistemas de poder y las estructuras patriarcales que operan y discriminan de diversas maneras, a través de ejes de diferenciación y estratificación social.  Clase, etnia, raza, edad, discapacidad, identidades de género, entre otras, articulan procesos de violencia y de precarización y/o marginación social. La experiencia de opresión es diferente entre mujeres y refuerza procesos de discriminación. No basta evidenciar que las mujeres son víctimas de violencia sin comprender el lugar, el contexto, y/o las implicancias que tienen las diferencias entre mujeres en la violencia. Así, lo revelan casos como el de Lorenza Cayhuan, la  comunera mapuche que parió engrillada, o  la muerte, internada y detenida   de Joane Florvil, la joven inmigrante haitiana de 28 años o el trato violento y vejatorio que reciben de la policía, las estudiantes que protestan.

En otro sentido, las movilizaciones de las jóvenes universitarias y la disidencia sexual en el mayo feminista, en las tomas, pusieron sobre el tapete el abuso de poder y acoso sexual en las universidades, demandando educación no sexista y cuestionando el patriarcado que perpetua la violencia.

Heterosexismo, racismo, y clasismo tienen injerencia en los procesos de exclusión y dominación que caracteriza la violencia estructural y el sistema patriarcal. Hay que hacer las conexiones.