Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales

Enfoque de derechos y la Ley de protección integral para la infancia y la adolescencia

Chile firmó y suscribió la Convención de los Derechos del Niño el 26 de enero de 1990 y el 14 de agosto de 1990, se promulgó como ley mediante el Decreto Supremo 830 del Ministerio Relaciones Exteriores de Chile, publicado en el Diario Oficial el 27 de septiembre de 1990, fecha en que la Convención […]


Chile firmó y suscribió la Convención de los Derechos del Niño el 26 de enero de 1990 y el 14 de agosto de 1990, se promulgó como ley mediante el Decreto Supremo 830 del Ministerio Relaciones Exteriores de Chile, publicado en el Diario Oficial el 27 de septiembre de 1990, fecha en que la Convención entró en vigencia en nuestro país.

Fuente: ONG Raíces. Boletín Informa agosto 2010.

A partir de esa fecha, el Estado chileno se compromete a llevar a acabo diversas acciones tendientes a elevar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes, teniendo como marco los derechos consignados en la Convención.

A veinte años de asumida esta obligación, las organizaciones no gubernamentales que trabajamos con la infancia vulnerada, observamos cómo se mantiene la brecha entre los compromisos adquiridos y los avances logrados. Existirán muchas  razones para explicar estas disonancias, entre ellas, los siempre recurrentes problemas económicos o políticos o, simplemente, aquellos de índole burocrática. Pero, existe una deuda con los niños, niñas y adolescentes, que no requiere de consensos políticos, ni de un aumento en el presupuesto para infancia, esta es, erradicar el término “menores”, básicamente de las instituciones públicas destinadas a la protección de niños, niñas y adolescentes.

No existe explicación para que el término “menores” no haya sido cambiado por el de niños(as) a veinte años de haber suscrito la Convención de los Derechos del Niño (a), salvo, el no entendimiento de los Derechos que consigna la Convención que dentro de poco cumplirá veinte años de existencia.

Si revisamos un poco encontraremos que el término “menor” fue un concepto acuñado bajo el marco conceptual de “situación irregular”, para designar a parte de la infancia nacida y crecida al margen de las políticas sociales. Su connotación en el universo de los niños(as) de nuestra región es fuertemente estigmatizante. Mediante éste se categorizan a los niños por lo que no saben, no tienen y no son, es decir por sus carencias, y se construye la imagen de “peligroso”. “Menor es el abandonado y que por serlo es el potencial delincuente”.[1]

Con la Convención de los Derechos de Niño (a) emergió una nueva visión, “la protección integral”, centrada en el reconocimiento del niño (a) como sujeto de derecho.  Bajo esta doctrina, todos los niños, niñas y adolescentes son iguales, son reconocidos (as) como personas en proceso de desarrollo y sujetos de derecho.

La necesidad de cambiar el término no es antojadiza, responde al espíritu que consagra la Convención, esto es modificar la manera, la forma, el lugar desde donde vemos a los niños(as).

Cuando leemos o escuchamos en algunos medios de comunicación el término “menores”, sabemos anticipadamente que se trata de algún hecho delictual donde ellos (a) son protagonistas, sólo en los casos positivos como día del niño (a) o navidad se utiliza la palabra niños (as).

Lamentablemente el uso de esta terminología, aunque su nombre está en proceso de modificación, está avalado por el nombre del ente rector de la infancia en país: Servicio Nacional de Menores.  Entonces, cuando uno se acerca a los periodistas para promover el uso de los términos, niño, niña o adolescente, éstos argumentan que la palabra es ‘menores’ porque así se llama el Servicio destinado a su protección y, porque en todas las leyes y documentos legales se habla de menores, no de niños, niñas o adolescentes.

Proponemos que en este año del Bicentenario y a veinte años de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, demos el gran salto hacia el cambio cultural que contemple, en todos sus ámbitos, el enfoque de derechos. Donde las niñas, niños y adolescentes sean parte activa en la construcción de una sociedad más igualitaria e inclusiva, a través de mecanismos de participación y difusión que les permita ejercer sus derechos ciudadanos y no como hasta ahora, que solo han sido  objeto de medidas restrictivas, judiciales y de coerción de sus derechos.

Desde que entró en vigencia la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que daba cumplimiento a un requerimiento de la Convención, el Ministerio de Justicia ha ido impulsando acciones para adecuar la institucionalidad encargada de los temas relacionados con niños, niñas y adolescentes, así, esta repartición pública, proyecta crear dos entidades, una, el Servicio Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (protección y adopción) y el Servicio Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente.

Esperamos que, alineado con esta propuesta para una nueva institucionalidad de infancia y adolescencia, venga incluido el efectivo enfoque de derechos que cada una de ellas debe contemplar en sus planes y programas.


[1] Estudio de balance regional sobre la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño en América Latina y el Caribe. Impacto y retos a 20 años de su aprobación. Noviembre 2009. REDLAMYC, Red latino americana y caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.