Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales

CIDH: Chile debe hacer consulta indígena si quiere ratificar acuerdos comerciales como el TPP

Francisco Equiguren, Primer Vicepresidente de la Comisión, señaló en audiencia sobre implicancias del TPP que Chile, México y Perú - que tienen ratificado el Convenio 169 de la OIT- deben consultar a los pueblos indígenas por los acuerdos comerciales que suscriben.

jose aylwin1A las 11:00 hora local de Panamá, 13:00 chilena, comenzó la audiencia Situación de derechos humanos en el contexto de la implementación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) en las Américas, en el marco del 159º Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Durante la audiencia solicitada por representantes indígenas y de organizaciones de la sociedad civil de Chile, México y Perú, se expusieron las preocupaciones en materia de derechos humanos en torno a la ratificación del TPP, en base a las afectaciones empíricas producidas por la acción extractivista de empresas en estos países, que serían intensificadas y resguardadas tras la implementación de este acuerdo.

Los expositores se refirieron en materia de propiedad intelectual a los efectos del TPP en el acceso a medicamentos, debido a la extensión del periodo de protección de datos, y las imposiciones del UPOV 91 y sus repercusiones en la soberanía alimentaria. Asimismo lo hicieron destacando las afectaciones que tendría en los ecosistemas, el medioambiente y los territorios ancestrales y sus implicancias en los derechos económicos, sociales y culturales no sólo de los pueblos indígenas.

José Aylwin, Co-Director del Observatorio Ciudadano, se refirió tanto a la forma en que se ha llevado el proceso de aprobación del TPP en Chile, como a sus contenidos. “En el primera ámbito, consideramos que la exclusión de la que la ciudadanía fue objeto en el proceso de elaboración del TPP por los estados partes de este acuerdo, un total de cinco en Las Américas, vulnera el derecho a participar en forma directa en la dirección de los asuntos públicos reconocidos en el artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos”, y agregó que “en el caso de los pueblos indígenas además, se vulnera del derecho que éstos tienen a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que les afectan, a definir sus prioridades en materia de desarrollo y a ser consultados, con el objeto de obtener su consentimiento libre, previo e informado, frente a la adopción de estas medidas, derechos que les fueron reconocidos por la Declaración Americana sobre derechos de estos pueblos, recientemente aprobada por la OEA”.

Además, Aylwin se refirió a que en cuanto al contenido, lo que más preocupación causa desde una perspectiva de derechos humanos, se destacan los siguientes: “en materia de propiedad intelectual, se establece la obligación de los Estados partes de ratificar el Convenio internacional para la Protección de los Obtentores Vegetales (UPOV 91), el que dispone un sistema de protección de derechos sobre los obtentores vegetales, entre ellos la reproducción y la comercialización de variedades vegetales muchas de ellas desarrolladas a partir de conocimiento tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades rurales; ello limita los derechos consuetudinarios de los pueblos indígenas y de estas comunidades a guardar y reutilizar semillas afectando su medio de subsistencia y soberanía alimentaria”. También explicó que el TPP vulnera el derecho a la protección del patrimonio cultural material e inmaterial, “incluyendo el derecho de propiedad intelectual reconocido también por la Declaración Americana”.

Agregó que el TPP “claramente prioriza el comercio por sobre la protección ambiental”, pues “supedita la protección ambiental al comercio, lo que afecta el derecho que todas las personas tienen a vivir en un medioambiente sano que está establecido en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador”.

Sin embargo, uno de los puntos que Aylwin recalcó por su gravedad, tiene que ver con la protección a los inversionistas, ya que el TPP establece que “los Estados parte deben otorgar a los inversionistas un trato justo y equitativo y la protección y seguridad plenas, (también) éstos se comprometen a no expropiar ni nacionalizar sus inversiones, ya sea en forma directa o indirecta”, además, el TPP “permite a los inversionistas llevar sus reclamos a instancias internacionales como el CIADI del Banco Mundial, ello determina que al 2014 existieses 600 demandas de inversionistas en contra de estados por supuestos incumplimientos de obligaciones al amparo de los acuerdos comerciales, al rededor de un tercio a estados latinoamericanos y generalmente fallados de forma adversa a los estados”.

Por último, Aylwin se refirió a que “el TPP podría permitir que políticas públicas de los Estados adoptadas con el fin de proteger los Derechos Humanos, puedan ser puestas en cuestión lo cual puede generar un efecto paralizador de la acción de los gobiernos a través de legislación o políticas públicas, orientadas a la materialización de los derechos humanos”, cerró.

Paulina Acevedo del Observatorio Ciudadano e integrante de la plataforma Chile Mejor sin TPP, ambas organizaciones peticionarias de la audiencia; destacó la buena recepción de los comisionados y sostuvo que están satisfechos por la buena acogida que ha tenido en la Comisión esta audiencia, tanto por concederla, como por lo que se desprende de las intervenciones posteriores de los comisionados con comentarios y preguntas.

Asimismo, indicó que lo señalado por el Primer Vicepresidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, sobre pueblos indígenas en una buena señal. “El relator estableció que la consulta es una condición cada vez que existan afectaciones en los territorios de los pueblos indígenas, como quedó demostrado en la audiencia, situación que ocurre en el caso de estos tres países cuando hay tramitaciones legislativas como es el caso de la ratificación de acuerdos de libre comercio”.

En dos circunstancias específicas destacadas por Eguiguren, se reitera la obligación para Chile, México y Perú – que tienen ratificado el Convenio 169- consultar a los pueblos indígenas por los acuerdos comerciales que suscriben, y rechazarlos de haber controversias.

Cabe recordar que en el caso chileno, el Gobierno declaró que no realizaría consulta indígena como estipula el Convenio 169 de la OIT al considerar la falta de pertinencia de éste. Situación que se contrapone a lo expuesto por Eguiguren.

Finalmente hay que destacar las solicitudes formuladas a los Estados y a la propia Comisión Interamericana. En el primero de los casos, la realización de proceso participativos efectivos y la generación de estudios de impactos en derechos humanos durante las tramitaciones de acuerdos de libre comercio, y por último, la solicitud a la Comisión de elaborar un informe temático específico sobre tratados de libre comercio y derechos humanos.