Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales

Chile a seis meses del terremoto: “La etapa de emergencia no ha sido superada totalmente”

A seis meses del terremoto, organizaciones que trabajan en las localidades afectadas dan a conocer la situación en la que se encuentran. Viviendas que se filtran, escasa participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, la lenta normalización de las ciudades y plazos para la reedificación que se posponen indefinidamente, sobre todo en las […]

A seis meses del terremoto, organizaciones que trabajan en las localidades afectadas dan a conocer la situación en la que se encuentran. Viviendas que se filtran, escasa participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, la lenta normalización de las ciudades y plazos para la reedificación que se posponen indefinidamente, sobre todo en las regiones del Maule y el Bío Bío, son factores que dan cuenta de una reconstrucción que no ha llegado a muchas comunas.

La Asociación Chilena de ONGs, ACCION, que agrupa a más de 60 ONGs, muchas de las cuales trabajan en las zonas devastadas realiza un balance  a partir de información recopilada entre sus organizaciones y de los movimientos ciudadanos surgidos tras el terremoto. Este balance da cuenta de que la reconstrucción en gran parte de las localidades no es tal y que existe una sensación de vivir aún en emergencia.

“Se está instalando en la gente un sentimiento de ver que la emergencia en que quedaron se empieza a prolongar en el tiempo, y no es un periodo breve, sino que podría abarcar un par de años. Las principales situaciones de precariedad son la vivienda y el empleo”, declaró Martín Pascual, Presidente de la Asociación Chilena de ONG.

En lo político, el terremoto parece haber reforzado el centralismo, en la búsqueda de una supuesta mayor eficiencia y en desmedro de la participación ciudadana y de los propios municipios, los que incluso han sido excluidos de importantes decisiones.

Como contrapartida, la ciudadanía se está organizando en Cabildos, como ha sucedido en Talca y Cauquenes, y han nacido nuevos movimientos sociales con propuestas alternativas de reconstrucción.

En este resurgimiento de las capacidades de asociación entre distintos actores sociales, las ONG que forman parte de ACCION, y que tienen trabajo en las zonas afectadas, han cumplido un rol fundamental en el seguimiento y monitoreo de las políticas públicas implementadas en distintos niveles, así como también en la articulación de nuevas redes que demanden un mayor protagonismo social en un proceso de reconstrucción con un claro enfoque de derechos.

La reconstrucción que aún no llega al Maule

En la región del Maule, el nivel de devastación en los cascos históricos de ciudades como Linares, Parral, Cauquenes, y la capital Talca, supone un desafío de reconstrucción mayor, puesto que la cantidad de edificaciones por demoler y la demanda de vivienda hacen que la etapa de emergencia no haya finalizado aún.

“No podemos hablar que haya empezado un proceso de reconstrucción, porque recién la empresa va entregar su propuesta de Plan Maestro, para poder ser evaluada por la ciudadanía, y sólo habla de mejoramiento urbano, pero no hay indicios de reconstrucción de viviendas. Todavía falta una cantidad importante de mediaguas que entregar a la gente. En Talca todavía no se entrega ningún subsidio ni se construye ninguna casa nueva”, expresó Guillermo Retamal del Movimiento Talca con todos y todas.

“Entendemos que la política pública no está respondiendo de manera pertinente a la necesidad de arrendatarios y allegados, y la única posibilidad que tienen ellos de acceder a subsidios es que salgan de los barrios en que vivían” dijo Marcelo Gutiérrez de la ONG Sur Maule.

Otro movimiento surgido tras el terremoto es “Cauquenes en Pelotas”, vinculado a los cabildos ciudadanos porque “fue la manera de continuar en los territorios, los que se concentraron principalmente en dos sectores: Barrio Estación y la Población Fernández”, señaló Iván Salazar de “Cauquenes en Pelotas”.

En la misma ciudad de Cauquenes, la ONG Save the Children, ha trabajado en el apoyo psicosocial a niños, a través de escuelas y juntas de vecinos, y en colaboración con otras organizaciones, en la habitabilidad en situaciones de emergencia, y en la aislación térmica de mediaguas, junto con el acceso a agua potable para los damnificados.

“Estamos trabajando en tres comunas: Cauquenes, Peyuhue y Chanco, en un proceso de participación infantil, donde los niños y niñas están realizando propuestas de reconstrucción para ser entregadas a los alcaldes. Nos parece fundamental que los niños puedan ser considerados sujetos de derechos”, afirmó Jorge Fernández de Save the Children.

Sanando miedos en el Bío Bío

Algunas ONGs se encuentran desarrollando talleres cuyo objetivo es trabajar en los miedos, temores de la población, tras el terremoto, y ver de qué manera transformarlos y sanarlos. “Tienden a aflorar problemas que estaban latentes en la comunidad y que no se habían resuelto, los talleres que estamos haciendo con la comunidad apuntan a reconocer en el cuerpo el espacio donde queda registrado el trauma, y cómo hacer procesos para sanar tanto en lo personal como en lo político”, sostuvo Loreto Fernández del Centro Ecuménico Diego de Medellín, que está trabajando en la población Libertad de Talcahuano.

En Lota, la ONG La Caleta realizó un diagnóstico de los efectos del terremoto enfocado en niños y niñas y sus familias en seis poblaciones. También se desarrolló un programa de solidaridad con comunidades de Santiago, de la Población Yungay, La Legua y El Bosque, que apoyaron a los afectados de Lota.

“La necesidad básica no cubierta y fundamental es hoy la vivienda, porque muchos lugares, donde la gente vivía, ya no se pueden volver a habitar. La reconstrucción está en su proceso inicial, y lo que ha habido es una construcción de campamentos muy básicos, donde el rol de la ciudadanía en el plan de reconstrucción está muy disminuido”, aseguró David Órdenes de La Caleta.

El mar y la pesca

Los pescadores artesanales a través de su Confederación Nacional, CONAPACH, agregan que sólo un 25% de la fuerza laboral (de los 27.000 afectados con el tsunami) han vuelto a retomar sus labores normales. “El resto sigue de brazos cruzados”, señala la Presidenta de la CONAPACH, Zoila Bustamante.

“Todo ha ido muy lento y el tema del flujo de dinero del gobierno ha sido más que lento todavía”, dice Zoila agregando que su confederación ha intervenido en las regiones Quinta, Sexta y Novena entregando motores, embarcaciones y realizando reparaciones, trabajos que han significado una inversión de $290 millones, de los cuales un 50% lo consiguieron de la Fundación “Un Bote para Chile”, un 25% del Estado y el resto lo coloca cada pescador.

Radios comunitarias sin financiamiento

Es a través de las radios comunitarias y medios locales que se ha podido relevar los relatos provenientes desde la ciudadanía y que dan cuenta de una realidad distinta a la manejada por el gobierno y aparecida en medios masivos acerca de la reconstrucción. Raúl Rodríguez, Periodista del Noticiero Ciudadano que emite Radio Tierra, agrega que existen muchos movimientos ciudadanos los que han salido a la luz pública, con el apoyo de medios comunitarios. “Las radios comunitarias han podido dar cuenta de los otros relatos poniendo en tensión a los discursos oficiales, considerando las grandes demandas que aún existen en viviendas, en salud, y también en reconstrucción en las zonas costeras afectadas con el terremoto”, señala Raúl Rodríguez.

En el ámbito legislativo respecto a las telecomunicaciones, hay al menos dos hitos relevantes en el último tiempo: el reporte emitido por la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado y el aumento del fondo orientado a comunicaciones, específicamente para los temas de reconstrucción.

La Comisión de Transporte del Senado emitió un primer informe el 22 de julio, acerca de los servicios de telecomunicaciones y el apoyo que se puede entregar desde el Estado en situaciones de emergencia o calamidad pública. Si bien se aprobó el proyecto sobre telecomunicaciones en condiciones críticas,  fue rechazada la indicación que elimina las penas de cárcel establecidas en el artículo 36 b de la Ley de Telecomunicaciones para quienes transmitan sin concesión. “Lamentamos profundamente que una modificación como ésta no se haya realizado…esta modificación tan necesaria que se pide desde la sociedad civil está en un marco mayor que es poder modificar la ley general de telecomunicaciones, una demanda que hay que poner sobre la mesa, porque la ley actual responde a otro contexto que fue la dictadura, en el año 82”, destaca Raúl Rodríguez.

Por su parte, el aumento del fondo orientado a los medios de comunicación, que este 19 de agosto se anunció en $511 millones, no parece ser suficiente para la gran cantidad de necesidades que tienen las radios comunitarias en las regiones y localidades afectadas con el terremoto.

Muchas radios comunitarias quedaron en el suelo, después de la tragedia, según un catastro que hizo Radio Tierra, y hasta el momento no han recibido financiamiento por parte del Estado, debiendo levantarse por sus propios medios a través de cooperación local, de colectas realizadas por los auditores, pero no mediante una política de apoyo permanente proveniente de la autoridad central.

Medio Ambiente

La Fundación Terram, desde los primeros momentos de la catástrofe empezó a solicitar información a los servicios públicos para saber el estado de las plantas de tratamientos, de algunas industrias, de los ductos, de los emisarios al mar, de los tranques de relave, con la finalidad de poder determinar los impactos medioambientales del sismo.

“De mirar la información que llega, lo que una nota es que el Estado de Chile y sus instituciones no tienen ninguna capacidad de fiscalización, y que los informes son una sumatoria de los reportes entregados por las empresas; es el caso de las empresas sanitarias o de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Y por lo tanto, el tema del medio ambiente asociado al terremoto y al maremoto, no ha sido un tema real, cuando sí hay riesgos para la población y para los ecosistemas”, denunció Flavia Liberona de la Fundación Terram.

En Pencahue, por ejemplo, se rompió un tranque de relave, y en Talcahuano se dañó la planta de cloro, lo que significó que en los tres primeros meses se utilizó el cloro que quedaba disponible sólo para el agua potable, pero no para el tratamiento de las aguas servidas las cuales fueron liberadas en ese estado a los cursos de aguas naturales.

“En el tema ambiental no sabemos si hubo emergencia o no y si la superamos”, por eso es necesario que el Estado entregue nuevos informes y se hagan nuevos seguimientos de las zonas afectadas.

A juicio de Flavia Liberona uno de los puntos centrales es la ausencia de un plan de reconstrucción, que no es lo mismo que el financiamiento de la reconstrucción: “es preocupante la tendencia a la privatización exacerbada del gobierno, donde todo se quiere concesionar y la reconstrucción también, donde claramente tenemos preguntas que el Gobierno de Chile debe responder”.

Por: Roberto Fuentealba, Periodista Radio Tierra