Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales

Guía para la acción ciudadana Parte 3: Glosario ciudadano para la Nueva Constitución

En los últimos años, se ha estado llevando a cabo un interesante debate sobre el cambio de la actual Constitución de la República, debate que ha venido tomando fuerza de la mano de las luchas históricas de las organizaciones y movimientos sociales por cambiar la actual Constitución. Este Glosario viene a contribuir en esta dirección, aportando definiciones e información en conceptos relacionados principalmente al campo de trabajo de la sociedad civil organizada.

Constitución:

El término “Constitución” tiene una larga historia, ya Aristóteles analizaba las distintas constituciones de las ciudades griegas y bárbaras tanto de su época como históricas buscando cuál era el “buen régimen político”. Hasta el siglo XVIII, la palabra “Constitución” quería decir “cómo se organiza una comunidad política” y no hacía referencia a un texto particular donde se pudiera encontrar las reglas de base del funcionamiento del Estado.

La aceptación moderna del término es fruto del movimiento intelectual de la Ilustración, que se opuso al poder absoluto de los reyes europeos, buscando establecer una nueva relación entre el poder político y los ciudadanos. El objetivo era eliminar -o por lo menos reducir- el autoritarismo del poder monárquico, reemplazándolo por un poder centrado ya sea en el pueblo o en los “notables”. Este poder funcionaría con reglas claras, abiertas y tendría como objetivo el bien común. Debía además señalar cuales son las tareas que el Estado debe realizar exclusivamente, cuáles son las que debe hacer en conjunto con la sociedad y finalmente cuáles son sus límites. Esto quiere decir, cuáles son los derechos que los ciudadanos tienen frente al Estado y que éste no puede vulnerar.

Según los planteamientos políticos y filosóficos de Jean-Jacques Rousseau, uno de los más importantes pensadores de la Ilustración, la Constitución debía ser un documento que surgiera de una asamblea donde todo el pueblo esté presente, que debe ser adoptado por la unanimidad de sus miembros y que estableciera los derechos y deberes de cada ciudadano y que el pueblo pueda decidir periódicamente si cambia de contrato.

Estas ideas se pusieron en práctica a finales del siglo XVIII cuando los Estados que posteriormente formaron los Estados Unidos se independizaron del Imperio Británico, adoptando muchos de ellos constituciones que permitieron establecer otras reglas políticas que las del poder de la realeza. Este proceso culminó en 1787 con la promulgación de la Constitución estadounidense que sigue vigente hasta el día de hoy, y con la Revolución Francesa (1789-1799), donde tuvo lugar la primera Asamblea Constituyente. Pero en ambos procesos la inmensa mayoría de los redactores eran hombres blancos ricos, por lo que el proceso no fue ni un proceso popular ni representativo.

Constitución Chilena:

Nuestro país, al obtener la independencia, también conoció un proceso constituyente elitista. Durante los sucesivos cambios constitucionales del siglo XIX y de 1925 la situación no cambió, ya que los militares y la aristocracia acaudalada controlaban totalmente el proceso de cambio constitucional.

Tras el golpe de Estado de 1973 y la decisión por parte de la Junta militar de mantenerse en el poder para “refundar” el país, optaron por redactar una nueva Constitución que reflejase el proyecto para el país del gobierno de facto, asegurando su continuidad frente a un eventual fin de la dictadura. La nueva Constitución de 1980 pasaría entonces a ser el mayor legado del régimen de Pinochet.

Esta Constitución afirma los principios ideológicos de la dictadura, ya

que estructura al Estado en un rol subsidiario, consagrando por ende una visión neoliberal, con una serie de restricciones a la participación ciudadana y a la autonomía de los distintos territorios y regiones del país. Pese a las reformas del año 1989 y del año 2005 la Constitución no ha perdido estas características centrales.

Por ende, desde la sociedad civil ha surgido, hace ya varios años, la demanda por escribir una nueva Constitución que por primera vez sea legítima en su origen y democrática en su contenido.

Democracia:

La democracia es un sistema político, es decir, un modo de organización de los poderes públicos en una sociedad determinada. En democracia el poder de decisión original reside en el pueblo soberano. Este poder de decisión soberano puede manifestarse de diferentes maneras y dentro de contextos variados, dando forma a distintos tipos de democracias; representativa, directa, semi-directa, liberal, participativa, autoritaria, etc. A continuación se explican brevemente algunos tipos de democracia;

Democracia Directa: En la antigua Grecia la democracia era directa. Los ciudadanos participaban directamente en las decisiones a través de una asamblea que se reunía por lo menos una vez por semana durante todo el día. Esto era posible porque cada ciudad tenía su propio gobierno y no tenía ni un territorio ni una población de gran tamaño. Actualmente también se define como democracia directa a aquellos mecanismos a partir de los cuales los procesos de decisión no contemplan la idea de delegación de poder, por lo tanto, las personas deciden colectivamente los temas que son más relevantes para el conjunto. Se pueden destacar como tales el referéndum, el plebiscito, las consultas vinculantes, las iniciativas populares de leyes y la revocación de los mandatos de representantes electos.

Democracia Representativa: Esta forma de democracia se basa en la idea que el pueblo no puede participar continuamente y activamente en los asuntos públicos, ya que la prioridad de la mayoría de las personas sería su bienestar privado, delegando su participación política en representantes. Por lo que cada cierto tiempo se eligen mediante votación a distintos candidatos propuestos. Los elegidos pasan a ser representantes, es decir personas a las cuales se les delega (entrega) el poder de decisión.

Democracia Participativa: Es una forma de democracia que permite adaptar los principios de la democracia directa a la situación moderna, “considera el reconocimiento, incluso cuando existe delegación de poder, de que es legítimo y deseable para el mejor ejercicio de los mandatos de los representantes que los ciudadanos interesados en determinados temas participen, acompañen, monitoreen y evalúen en conjunto al Poder Público constituido (Viveros, F. 2014).

La democracia participativa propone por lo tanto un cambio en las relaciones de poder, pasando de ser verticales a horizontales, ya que las autoridades ya no son los actores que mandan en forma exclusiva, sino que son los ejecutores de la voluntad ciudadana, la que puede en cualquier momento intervenir en su proceso de decisión para apoyar, modificar o anular las políticas impulsadas.

Derechos humanos

El reconocimiento de los derechos humanos surgió para limitar el poder de Estado frente a los ciudadanos. Después de la Segunda Guerra mundial la recientemente creada Organización de las Naciones Unidas (ONU) acordó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. En ella se establece, entre otras temáticas, que ninguna persona puede ser esclavizada, torturada, asesinada o discriminada por su sexo, raza o cualquier otra característica. Además, establece que toda persona tiene derecho a un juicio justo, a la libertad religiosa, así como a no sufrir una situación de precariedad económica o de salud y establece el derecho a la educación gratuita, por lo menos en lo que concierne el aprendizaje fundamental. Hay que destacar que es una declaración, por lo tanto, no tiene vinculación legal.

Con ello, si bien se limitaba enormemente el poder punitivo del Estado, esta declaración mencionaba de manera general los derechos culturales, ecológicos, étnicos o de género así como el derecho a la salud o la educación por ejemplo. Estos se conocen como derechos de segunda generación. Estos se basan en que el Estado debe obligatoriamente otorgar a las personas salud y educación de calidad, acceso a la información libre, participación en la vida política activa. Por lo que los Derechos Humanos requieren políticas públicas activas de parte del Estado. Luego fueron agregados los derechos de tercera generación, que son derechos ya no personales sino colectivos. Se plantea la importancia de que los pueblos originarios puedan mantener y desarrollar su cultura, que las minorías sexuales y étnicas puedan vivir una vida digna, que el conjunto de la humanidad pueda vivir en un planeta en equilibrio ecológico. Hoy en día se propone agregar derechos de cuarta generación. Estos serían los derechos respecto a internet y a las nuevas tecnologías. Pero en este punto no existe a la fecha una concordancia sobre cuáles serían estos derechos.

Todos los derechos humanos son universales, además son participativos, indivisibles y el Estado es responsable de su aplicación. Existen cortes regionales de derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde los ciudadanos pueden demandar a su Estado si consideran que hay elementos fundados en que se han vulnerado sus derechos.

Estado

Según la definición clásica dada por Max Weber (Filósofo 1864-1920), el Estado es la organización administrativa que tiene el monopolio legítimo de la violencia en un territorio. Esto quiere decir que es necesario que el Estado tenga una policía o algún otro tipo de organización (milicias, fuerzas armadas) dispuesta a utilizar la violencia y que el uso de esta violencia es aceptado, o por lo menos no rechazado, por los habitantes del territorio administrado.

A esto hay que agregar otras definiciones como la jurídico-institucional. En esta se entiende el Estado como el conjunto de las instituciones públicas que generan normas legales y administrativas y que buscan el bien común o por lo menos el bienestar de la comunidad. Bajo esta óptica, el Estado puede ser concebido en tres formas; El estado liberal, que se limita a plantear las reglas del juego básicas y deja al libre mercado atribuir los recursos. El estado social o de bienestar en el cual activamente trabaja a través de la ley, la administración y las políticas públicas para lograr el bien común, ya sea a través del financiamiento directo de derechos como a la salud o la educación, ya sea como dueño de los servicios y empresas que dan estos servicios. Por último, está el estado subsidiario, que está a medio camino de ambos: el estado otorga financiamiento a distintas organizaciones, con o sin fines de lucro, directamente o financiando a las personas que recurren a ellos. El objetivo es que estas organizaciones no estatales compitan entre sí para otorgar el mejor servicio bajo las reglas generales dadas por el Estado.

República

La idea republicana nace en la antigua Grecia, y se sustenta en la idea del gobierno de la ley por sobre los individuos. Para eso la norma debe ser clara, conocida y aplicable para todos. Esto obliga a que por lo tanto los juicios, castigos, pero también los incentivos, premios, ayudas o subsidios sean dados en el marco de la ley y de forma impersonal, sin preferir a ciertos individuos sobre otros (a no ser que esto esté previsto en la ley, como en el caso de cuotas para minorías étnicas, sexuales o de género). Es decir, la República es el gobierno donde el poder no es arbitrario y donde rige el Estado de derecho.

Esto no quiere decir que una república tiene que ser obligatoriamente una democracia, ya que, por ejemplo, la república de la antigua Roma, Venecia, o incluso nuestro país en el siglo 19, cuando el voto era censitario y las mujeres no podían votar, se les consideraba una república, pero sin ser una democracia propiamente tal.

Participación ciudadana

Es el espacio de incidencia pública que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas de una comunidad local, regional o nacional. Hay variados niveles de participación. Entre los cuales es posible nombrar los siguientes:

  • Informativa: aquella participación direccionada desde el Estado hacia los ciudadanos, se trata que el primero produce y distribuye información hacia la ciudadanía y éstos últimos acceden a ella de manera pasiva.
  • Consultiva: este tipo de participación el gobierno propone y entrega información sobre algún tema a tratar con la ciudadanía y éstos últimos retroalimentan al Estado con su visión sobre la temática en cuestión. En este caso es la institucionalidad representativa quien propone la temática y los lineamientos de la consulta. Luego se informa a los ciudadanos sobre los resultados obtenidos.
  • Activa: En este caso la ciudadanía se involucra efectivamente en la formulación del proceso y contenido de políticas; sin embargo la responsabilidad en cuanto a la decisión final sigue recayendo sobre el Estado.
  • Decisional/deliberativo: Es un tipo de participación donde los ciudadanos inciden efectivamente, tomando decisiones que los involucran a ellos directamente a la sociedad en su conjunto y que serán vinculantes en el proceso participativo.

Mecanismos de participación ciudadana

Existen importantes mecanismos de participación ciudadana que se inscriben en el campo de la democracia participativa y que no existen en Chile. Pueden considerarse los siguientes;

  • Iniciativa popular de ley: Este mecanismo supone que un ciudadano o un grupo de ciudadanos puede proponer un proyecto de ley en el parlamento. Una vez hecha la propuesta, tendrá (n) un periodo determinado de tiempo para juntar las firmas suficientes para presentar este proyecto y obligar a su discusión. El número de firmas mínimo puede ser o una cifra determinada o un porcentaje del número de votantes en las últimas elecciones o del número de inscritos en el padrón electoral. Esto permite a la ciudadanía controlar parcialmente la agenda parlamentaria y plantear propuestas y soluciones para problemas que escapan a la atención del legislador.
  • Revocatoria de mandato: Al igual que la iniciativa popular de ley, un grupo de ciudadanos se organiza para pedir un referéndum respecto a la continuidad de un representante en su cargo. Si logra juntar un número determinado de firmas, este plebiscito se lleva a cabo. Esto permite un control efectivo de parte de la ciudadanía de las acciones de los representantes, obligándolos a defender y representar a sus votantes y cumplir con lo prometido durante el periodo de campaña.
  • Plebiscitos vinculantes: Los plebiscitos pueden ser comunales, provinciales, regionales o nacionales. Su origen puede venir de las autoridades electas o bien por iniciativa popular. La decisión tomada por los ciudadanos debe aplicarse obligatoriamente, por lo que las autoridades no pueden ignorarla, eso quiere decir que son vinculantes.
  • Descentralización financiera: La descentralización financiera tiene dos elementos. El primero es permitir que las comunas, provincias y regiones puedan recaudar autónomamente fondos a través de impuestos, patentes o permisos de un tipo o de otro. El segundo es que el uso de estos recursos es también decisión local o del territorio que se administra. Esto permite evitar que todo sea decidido a nivel central.
  • Parlamentos regionales: Desde las elecciones presidenciales pasadas podemos elegir a los CORES (Consejeros regionales), pero su poder es de baja intensidad. Un parlamento regional tendría un poder político importante en múltiples materias, principalmente en presupuestos. En la mayoría de los países democráticos federales el parlamento de cada región, provincia o estado es elegido democráticamente, lo que permite un mejor control de la ciudadanía sobre sus representantes. Países como Estados Unidos, Argentina, Alemania o Brasil incluyen este tipo de orden político.
  • Consejos de la sociedad civil con derecho a voto: Hoy en día en Chile los consejos de la sociedad civil (ver segunda parte) son solo del tipo consultivo, creados por la Ley 20.500. Una democracia participativa concebiría estos consejos con poderes efectivos, el principal de estos es el derecho a voto en las resoluciones administrativas de los distintos servicios del Estado, y no sólo el derecho a voz.

Soberanía popular:

La soberanía es el control del territorio por parte de un Estado. La soberanía popular consiste en que este control esté en manos del pueblo que vive en ese territorio. Propone además que la única fuente legítima de poder es el pueblo, por lo que este tiene pleno derecho a cambiar las autoridades y representantes y a tomar autónomamente todas las decisiones que conciernen a cómo desea vivir. La principal manifestación de la soberanía popular es el poder constituyente.

Poder Constituyente:

El Poder Constituyente es donde radica el origen del orden político de un país. Este poder es el que crea, fija y funda todas las normas y leyes, por lo que no puede haber leyes que limiten su acción. Es de este poder que surge una Constitución o un nuevo Estado. Es la encarnación de la soberanía popular en un órgano concreto con un poder real en un marco geográfico y temporal específico, marco a partir del cual derivan los poderes del estado y el tipo de Estado elegido por el pueblo, entre otras materias de interés nacional.

Mecanismos de cambio constitucional

Frente a la demanda social de cambiar la constitución de nuestro país, han surgido varias propuestas para proceder a dicho cambio. Estas son las principales:

  • Comisión mixta: Para este caso se propone que una comisión formada por diputados y senadores esté encargada de escribir la nueva carta fundamental. Sería un grupo reducido de personas que tendrían esta tarea y al final de su trabajo entregarían un texto terminado, que puede o no ser modificado por el Congreso o la Presidencia antes de su aprobación directa o por medio de un plebiscito.
  • Congreso: Una propuesta similar a la anterior, pero acá se propone que sea el conjunto del Congreso el encargado de escribir el texto, dividiéndose en comisiones según la materia a tratar. Luego la nueva Constitución sería aprobada o por medio de una votación de este mismo Congreso o por medio de un plebiscito.
  • Comisión de expertos: Posiblemente sería integrada por juristas y otras connotadas personalidades de la élite nacional. Los mecanismos de nombramiento pueden ser variados, por ejemplo cada poder del Estado nombra a un porcentaje de los miembros de forma independiente, o la Presidencia puede proponer un cierto número de personas y después el Parlamento elige entre ellos a los miembros de la comisión y luego son aprobados por la Corte Suprema.
  • Asamblea Constituyente: La elección de una asamblea tiene reglas distintas a las de la elección del parlamento. Estos representantes forman una Asamblea cuyo único objetivo es redactar una nueva constitución. Luego de lo cual ésta debe ser disuelta. El objetivo es evitar que partidos políticos u otros grupos de poder ejerzan influencia tan fuerte como la que ejercen en el parlamento. El procedimiento de elección es representativo, se debiera garantizar la presencia de las minorías geográficas, indígenas, etc. Una vez redactada la nueva Constitución esta ha de ser aprobada por medio de un plebiscito.

Movimientos sociales

No hay una única definición acerca de los movimientos sociales. Pero se puede señalar que existen dos grandes corrientes teóricas: por un lado, la “corriente norteamericana” que plantea que los movimientos sociales son una forma a través de la cual los individuos organizan recursos que son capaces de gestionar para obtener algún beneficio, es decir funcionan bajo una lógica ganancial. Por otra parte está la “corriente europea”, que plantea que las personas o grupos de personas no estarían motivados sólo por lo que llamaríamos una orientación “económica”, (cálculo costos y beneficios), también están buscando solidaridad y su acción refleja una manifestación de identidad.

Generalmente su aparición es una respuesta a una crisis de las organizaciones tradicionales representativas o a la búsqueda de nuevas formas de hacer política y construir una sociedad distinta a la establecida.

Así identificadas, podríamos señalar que los movimientos sociales – en su mirada más clásica, manifiestan una acción colectiva amplia desplegada en el ámbito socio-político, organizada racionalmente en base a valores y en el marco de una cultura propia, que tiene como finalidad la disputa de intereses en relación a un poder político-institucional definido.

Uno de los mayores ejemplos es el movimiento denominado “mayo del 68” surgido en Francia. En el caso de nuestro país están los movimientos estudiantiles, tales como “movimiento pingüino del 2006 y el “movimiento estudiantil del 2011”, entre otros.

Grupos de interés

Los grupos de interés son agrupaciones de personas que se constituyen para defender o promover los objetivos, ideas, políticas o causas hacia los cuales un cierto grupo de personas tiene una preocupación o apego. Una vez cumplido su objetivo tienden a disolverse o se direccionan hacia otro objetivo. Los grupos de interés buscan, a través de su organización, condensar las demandas ciudadanas o particulares, para lograr que las políticas públicas respondan a sus objetivos.

Hay múltiples organizaciones que pueden ser inscritas como grupos de interés, pueden ser ONGs, asociaciones gremiales, asociaciones de empresas, centros de estudio, asociaciones de consumidores, etc. Muchos de ellos provienen de la sociedad civil, pero no todos, por lo que si bien muchas OSC son grupos de interés, no todos los grupos de interés son OSC y no todas las OSC son grupos de interés.

Partidos políticos

Los partidos políticos son la forma tradicional de organización política en las democracias modernas. Su objetivo es lograr influir en las políticas de un Estado determinado a través de la elección del máximo de sus miembros o personas afines como representantes parlamentarios o autoridades a nivel nacional, regional o local.

Están los partidos políticos que se constituyen “en torno a una ideología”. Por ejemplo comunista, conservadora, socialista, liberal, social-cristiana, etc. Están los “partidos en torno a intereses”, constituidos para defender una cierta posición, una causa o un cierto grupo de personas respecto a uno o más conflictos o problemas particulares, ejemplo de estos son los partidos para defensa de las minorías sexuales, étnicas o incluso, en su origen, muchos partidos ecologistas, que luego transitaron a ser partidos ideológicos.

Por último, están los “partidos funcionales o instrumentales”, que agrupan a personas con intereses distintos, aunque no opuestos, que se unen para lograr el número suficiente de votos para obtener el poder institucional.