Apoyo económico regresivo. El estado de avance de la ley sugiere eliminar el llamado Fondo de Antenas. Producto de ello, no habrá dinero público para apoyo en infraestructuras a canales comerciales medianos o pequeños, ni tampoco para sin fines de lucro (comunitarios u otros) o canales que se encuentren en zonas extremas apartadas o con dificultades de cobertura. Sin embargo, queda un fondo disponible para apoyar con 9 mil millones de pesos proyectos de TV digital que provengan desde el sector de las telecomunicaciones.

Entrada desregulada de un actor estratégico. Se incorpora un nuevo tipo de concesionario, de Servicios Intermedios de Infraestructura (SII). Esta figura no emite contenidos propios, sólo arrienda su capacidad de transmisión de contenidos. Como no son radiodifusores, no tienen ninguna obligación por sobre los contenidos que emiten, además no tienen restricciones a la concentración de concesiones, una misma empresa podría concesionar todo el espectro disponible.

Gratuidad en duda. Sigue sin estar asegurada la gratuidad de todos los servicios que brindará la TV digital abierta, que por definición es gratuita y universal. Esto debido por una parte a que esta obligación no se aplica a los SII y por otra parte al tráfico de meta-datos, que tampoco està siendo cubierto por esta obligación.

Ausencia de nuevas pantallas para la producción audiovisual independiente. La ley no establecerá cuotas de pantalla para la producción audiovisual independiente o externa a los canales de TV. Actuales concesionarios no son partidarios de crear cuotas, pero tampoco de abrir segundas o terceras señales (con la consecuente infravaloraciòn del espectro radioeléctrico otorgado). Tampoco existen políticas de fomento para la aparición de nuevos operadores que pudieran convertirse en ventanas de exhibición en condiciones de mercado adecuadas a los creadores audiovisuales independientes.

Cortapisas al acceso universal y la innovación. Se potencia la integración de personas con discapacidad auditiva, pero se ha dejado fuera a personas con discapacidad visual, en concordancia con una normativa que deja sin efecto la incorporación del middleware ginga en los aparatos de TV digital que se están importando a Chile. La incorporación de esta interfaz es la que facilita el acceso a los contenidos por parte de personas ciegas, pero también es la que permite el desarrollo de aplicaciones tanto comerciales como no – comerciales de la TVD interactiva, con el consiguiente menoscabo de una industria innovadora emergente.

Proyectos comunitarios y de pueblos originarios sin posibilidades reales de emergencia o sustentabilidad. No contarán con ningún apoyo específico para poder incorporarse al nuevo sistema televisivo, pese a que son los que presentan actualmente mayores condiciones de precariedad económica y reconocimiento institucional y el proyecto de ley sigue sin apoyar ningún cambio a esta condición. Parlamento y gobierno los quiere pocos, pobres y pequeños en la TV abierta.

Un plan de espectro oculto al debate público y sin garantías para la reserva de espectro. No hay planificación para la adjudicación de concesiones de televisión, la ley contempla la incorporación de nuevas concesiones regionales, locales y comunitarias, educativas y culturales (40% del espectro para todas ellas) pero se ha legislado sin saber cuántas de cada una de este nuevo tipo de concesiones existirán, pues la Subtel se niega a hacer público el estudio encargado al respecto. Tampoco hay reserva de espectro televisivo asignada a pueblos originarios.

Financiamiento de contenidos. Aumentará la demanda por los fondos concursables del CNTV para la generación de contenidos de calidad, pero no hay un mandato legal relativo a un aumento de estos recursos. Y el financiamiento por concursos, en el escenario de la introducción de nuevos actores medianos y pequeños, no es sostenible como modelo de negocios.

Falta de articulación entre contenidos y cobertura de canales locales y regionales. Actualmente,  las  definiciones  que  hace  la  ley  de  canales  de  TV  nacionales, regionales y locales, opera únicamente en base a un criterio técnico: el alcance de la zona de cobertura. Se pierde así la oportunidad de establecer por ley otras diferencias más profundas, en base a contenidos, al carácter de las concesiones. Una concesión nacional, regional o local, además de brindar cobertura en las  zonas  concesionadas  debiera  entregar  contenidos  dirigidos  a  los públicos que alcanza y dinamizar la industria audiovisual de su entorno más cercano.

Impacto negativo sobre la misión de servicio público de TVN. La digitalización implica un cambio a la Ley de TVN, que ha tenido su propio desarrollo en el Parlamento. En mayo 2012, el ejecutivo envió al Parlamento un nuevo proyecto para reformar la ley de TVN, que por su brevedad y especificidad se conoció como “Ley corta de TVN”, que ya está lista para ser votada por la Sala del Senado. Esta Ley Corta le permitirá alianza con los canales privados, antes que permitirle aliarse con sectores sociales que apuestan por fortalecer la TV pública por medio de un tele-radiodifusor abierto a la producción educativa, cultural y comunitaria. Se le otorga la posibilidad a optar por una nueva frecuencia, al tiempo que se le permite (vía Ley Corta) operar cada vez menos diferenciado de una empresa privada para hacer negocios con sus activos.

Una colaboración entre Chiara Sáez Baeza y Jaime Mondría que sintetiza un documento de discusión elaborado a solicitud de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung.

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El embajador de la UE en Chile destacó la importancia de este primer fondo conjunto con ONU Mujeres que va a permitir financiar alrededor de 15 proyectos que proyecten acciones estratégicas que tengan un valor agregado en el corto plazo contra la violencia de género y a favor del empoderamiento económico y el liderazgo político femenino.

La directora regional de ONU Mujeres enfatizó que “el apoyo de la UE a una iniciativa de este tipo a un país como Chile merece un especial reconocimiento y envía una señal muy importante y es que la UE comparte la visión de que es fundamental invertir en la igualdad a nivel global, incluso en los países de renta media y de renta media alta”

Pizani quiso reconocer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil chilena “quienes permanentemente han estado a la vanguardia en estos temas, son las que han logrado que la violencia contra la mujer deje de ser un tema privado y pase a ser un tema de la agenda política internacional”.

En cuanto a la asignación del fondo conjunto $330 millones de pesos, la representante de ONU Mujeres declaró que “se va a abrir una convocatoria para que presenten propuestas organizaciones de la sociedad civil y va a haber un comité de selección para decidir quien lo recibe”.

Una de las asistentas al acto, la presidenta de Corporación Humanas, Carolina Carrera, declaró que, en cuanto a participación política, “estamos a las puertas de unas elecciones y lo que estamos viendo es que el número de mujeres en términos de candidaturas esta disminuyendo con respecto a las anteriores, tenemos temor porque sabemos que si no hay mujeres en el Parlamento no hay defensa de un montón de temas de derechos de la mujer”

La representante del centro de estudios y acción política feminista puntualizó además que “me parece que tiene que haber un registro único pero tenemos que ir por delante del femicidio, lo que a uno extraña es que durante un año no haya habido una campaña comunicacional de prevención de la violencia, no hay medición oficial de la violencia, hay déficit en las casas de acogida y no hay una política pública realmente capaz de enfrentar este tema”.

La denuncia ante el Sistema Interamericano se originó en el procesamiento y posterior condena de estos dirigentes a penas de hasta 10 años de cárcel, algunos de ellos autoridades tradicionales, como los longkos Pichún -recientemente fallecido -y Norín. Lo anterior, por supuestos delitos considerados en la ley sobre conductas terroristas (N° 18.314), más conocida como ley antiterrorista; normativa penal contraria al principio de legalidad, aplicada de manera selectiva tomando en consideración su origen étnico de manera abiertamente discriminatoria y en el marco de procesos que adolecieron de una serie de irregularidades que afectaron el derecho al debido proceso.

En su informe de fondo sobre este caso (agosto de 2011) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que la invocación de la pertenencia o vinculación de las víctimas al pueblo mapuche constituyó un acto de discriminación mediante el cual se criminalizó, al menos en parte, la protesta social de los miembros de este pueblo, lo cual afectó la estructura social y la integridad cultural del pueblo en su conjunto. Junto a ello, elevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solicitando ésta declarase que en el procesamiento de las víctimas el Estado chileno violó, entre otros derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, el derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación, el principio de la legalidad, el principio de responsabilidad penal y la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, y el derecho a ser juzgado ante un juez imparcial.

Al hacerlo la Comisión consideró que estas violaciones de derechos humanos tuvieron un impacto adverso sobre la integridad sociocultural del pueblo mapuche como un todo. La Comisión además solicitó a la Corte que dispusiera como medidas de reparación la eliminación de las condenas por terrorismo en contra de los peticionarios, la posibilidad de que sus condenas fuesen revisadas a través de procedimientos que garantizaran el principio de la legalidad, el debido proceso y la no discriminación, la reparación material y moral a las víctimas, y la adecuación de la ley antiterrorista a dicho principio de legalidad.

En la audiencia ante la Corte Interamericana la defensa de los mapuche víctimas de la aplicación selectiva de la ley antiterrorista fundamentará y probará las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado chileno en contra de los líderes mapuche, exigiendo que éste sea condenado por ellas, así como a la reparación de los daños causados.

Cabe señalar que desde que este caso se sometió al conocimiento del Sistema Interamericano el Estado de Chile ha seguido haciendo uso de esta ley especial para juzgar y condenar a líderes mapuche por hechos de protesta social relacionados con los conflictos por tierras en el sur de Chile. Ello contraviniendo en forma expresa las recomendaciones que diversos órganos del sistema de la ONU, incluyendo el Consejo de Derechos Humanos, el Comité Contra la Tortura y el Comité de Eliminación de Discriminación Racial, le han hecho con miras a asegurar que dicha ley solo sea aplicada a delitos de terrorismo que merezcan ser tratados como tales.

En días pasados el Presidente Piñera, en su mensaje al Congreso Nacional, sostuvo que luego de su “perfeccionamiento”, “Chile cuenta hoy con una legislación antiterrorista de estándar internacional” y reclamó el derecho y deber de usarla para protegerse del terrorismo, haciendo alusión indirecta –a objeto de garantizar la protección contra los terroristas– a las “regiones” y “pueblos” donde esta ley ha sido aplicada hasta ahora.

Lo señalado por el Presidente, lamentablemente dista de la realidad. Toda vez que la ley antiterrorista, no obstante su modificación el 2010, en el contexto precisamente de una prolongada huelga de hambre de presos mapuche por los efectos de esta ley, sigue adoleciendo de serias deficiencias desde la perspectiva de los derechos humanos. En efecto, si bien las reformas introducidas eliminaron la presunción de la finalidad terrorista de un delito por la simple relación con los medios empleados en su comisión (por ejemplo el uso de artefactos incendiarios), relación que en adelante deberá ser probada; establecieron la prohibición de aplicar el procedimiento establecido en esta ley a menores de 18 años, en cuyo caso deberá aplicarse el procedimiento y las rebajas de pena contempladas en la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil; e introdujeron una disposición que permite a la defensa interrogar directamente a los testigos y peritos “sin rostro”, sin que por ello la práctica de recurrir a testigos con identidad protegida haya terminado, se mantiene una definición de delito de terrorismo que lesiona el principio de legalidad y tipicidad, y establecen normas de excepción que afectan el derecho al debido proceso, como lo ha señalado el Instituto Nacional de Derechos Humanos. A ello se agrega el hecho de seguir siendo, en la práctica, aplicada en forma selectiva al mapuche, violentando con ello el derecho a la igualdad y a la no discriminación.

Esperamos que la Corte acoja las peticiones que le han sido formuladas por la Comisión Interamericana al elevar el caso a su conocimiento, así como las que han sido planteadas por las defensas de las víctimas mapuche por ley antiterrorista en esta causa, y que se haga justicia. Se trata, como la Comisión Interamericana ha señalado, de una justicia no solo a favor de las víctimas directas de la aplicación discriminatoria de esta ley, sino a la vez en favor de todo un pueblo cuya integridad sociocultural se ha visto afectada por esta política estatal.

Se debe recordar que esta no sería la primera vez que la Corte Interamericana condene al Estado chileno por la violación de garantías procesales. Como sabemos, dicha Corte estableció el 2005 en el caso Palamara Iribarne que el Estado de Chile violó en esta causa, entre otros derechos, las garantías y protección judicial, conminándolo a modificar la jurisdicción penal militar para eliminar la competencia que ésta tiene sobre casos que involucran a civiles. Que contradice lo que señalara el Presidente Piñera en su mensaje de 21 de mayo pasado, en el sentido de que con la reforma a la justicia militar de 2010 hoy se garantiza los estándares internacionales en materia de derechos humanos, puesto que se mantiene vigente a la fecha la competencia de la justicia militar para juzgar a miembros de las Fuerzas Armadas y de Carabineros acusados de cometer delitos en contra de civiles. Por lo mismo, el Estado chileno sigue incumpliendo a la fecha esta sentencia de la Corte, en una materia que también ha tenido graves implicancias para el mundo mapuche, resultando en la impunidad de muchos de los delitos cometidos por carabineros -entre ellos homicidio y torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes- en contra de integrantes de este pueblo- incluyendo niños- involucrados en hechos de protesta social en defensa de sus derechos.

Esperamos que esta vez el Estado chileno se tome en serio sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, demuestre su respeto por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y cumpla con la decisión de la Corte Interamericana en este caso emblemático. Con ello se hará justicia a las víctimas directas de la aplicación discriminatoria de esta legislación especial, y a todo un pueblo estigmatizado por una práctica evidentemente discriminatoria violatoria de derechos humanos.

]]> http://accionag.cl/opinion/chile-ante-la-corte-interamericana-por-discriminacion-contra-mapuches/feed/ 0 http://accionag.cl/noticias/encuentro-regional-en-chile-para-analizar-contexto-politico-de-las-ong/ http://accionag.cl/noticias/encuentro-regional-en-chile-para-analizar-contexto-politico-de-las-ong/#comments Tue, 11 Jun 2013 17:03:03 +0000 accionag http://accionag.cl/?p=7826 Representantes de las Organizaciones No Gubernamentales Organizaciones del Cono Sur se encontrarán el 13 y 14 de junio en Santiago para fortalecer procesos de incidencia política en sus respectivos contextos nacionales, y enfrentar los procesos de criminalización que está afectando a muchas ONG en diversas partes del mundo.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Unión Europea, también busca establecer una mayor coordinación para fortalecer su quehacer, su institucionalidad y su sustentabilidad.

La cita contará con representantes de Red Encuentro de Argentina; Asociación Brasileña de Organismos No Gubernamentales (ABONG) de Brasil; POJOAJU Asociación de ONG de Paraguay; Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo (ANONG) de Uruguay; y de las redes regionales: Articulación Feminista MARCOSUR; CEAAL y Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC). Todas estas organizaciones son integrantes de la Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de ONG de América Latina y el Caribe.

El proyecto, con alcance en toda la región Latinoamericana, cuenta con la coordinación de la Asociación Chilena de ONG ACCIÓN AG.

La actividad se desarrollará en el Hotel Alcalá del Río ubicado en Padre Mariano 331, comuna de Providencia desde las 09.00 horas.

Este proyecto con alcance en toda la región latinoamericana, cuenta con la coordinación de la Asociación Chilena de ONG, ACCIÓN, quien asistió al encuentro para tratar el proyecto “Mesa de Articulación de América Latina y el Caribe y sus aliados del sur, aumentan su capacidad de incidencia y dialogo con los gobiernos y el sector privado”, que con financiamiento de la Unión Europea, persigue el fortalecimiento de las ONGs, en toda Latinoamérica y el Caribe, no sólo en sus estatus jurídicos, sino también en su estabilidad económica, y sobre todo en una mayor incidencia como un actor social fundamental, en el establecimiento de sociedades más justas y con respeto a los derechos de sus ciudadanos.

La actividad  reunió a organizaciones de Guatemala, México, Nicaragua, Honduras y El Salvador.

Contexto político

El contexto político de la región, en la que se desenvuelve el trabajo de las ONGs, fue el tema principal de debate y reflexión. A través de las exposiciones de Laura Becerra, Directora Ejecutiva del Equipo Pueblo, de México y de Catalina Soberanis, Asesora de la Oficina del Coordinador Residente, del Sistema de Naciones Unidas, SNU, de Guatemala, se pudo tener una visión actualizada de la condiciones socio políticas en la que se enmarca el quehacer de la sociedad civil.

Otra temática que se trató en extenso, fue la realidad actual del financiamiento al desarrollo, que se caracteriza por una disminución permanente, a pesar del auge que experimenta la economía de la región.

La perspectiva gubernamental de la ayuda al desarrollo, la expuso Raúl Bolaños, director de Cooperación de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, SEGEPLAN, mientras que la no gubernamental estuvo a cargo de Anabella Sibrian, representante en Guatemala de la Plataforma Holandesa Internacional contra la Impunidad; por último el Dr. Henry Morales, Coordinador de Tzukim Pop y representante de Latindadd en Guatemala, trató el tema del financiamiento desde una perspectiva del sur.

El último gran elemento que se discutió, fue el de los marcos jurídicos que enmarcan el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, donde la visión de Guatemala estuvo a cargo de Norayda Ponce, de CONGCOOP, la de México a cargo de Laura Becerra de Equipo Pueblo; y la de Honduras fue entregada por Edgardo Chevez, representante de ASONOG, Asociación de Organismos No Gubernamentales de Honduras.

Al igual que en 2012, el certamen busca ser una instancia de participación de la ciudadanía, en la labor de promoción, conocimiento y exigibilidad de las garantías fundamentales, a través de la expresión artística contemplada en las categorías Cuento, Afiche, Fotografía y Micrometraje.

Respecto de la convocatoria, la Directora del INDH, Lorena Fries, dijo que en la institución que encabeza estan “muy satisfechos de poder realizar una vez más el Concurso Arte y Derechos Humanos, que a pesar de haber sido lanzado recién el año pasado, es una iniciativa exitosa y que entrega una nueva forma de participación efectiva de la ciudadanía en la promoción de sus propios derechos, a través de la expresión artística”.

La recepción de obras se encuentra abierta hasta las 16:00 horas del lunes 15 de julio en la sede del INDH, ubicada en Eliodoro Yáñez 832, Providencia, Santiago, y las Bases de Participación junto a los documentos (obligatorios) que deben presentarse, están disponibles en los sitios web del INDH (www.indh.cl) y del Museo de la Memoria (www.museodelamemoria.cl).

Más infomación AQUÍ

1er. debate
“Distribución del Ingreso y Reforma Tributaria”

Participan:
Hernán Frigolet, Economista Grupo Nueva Economía
Eugenio Rivera, Economista Fundación Chile 21
Hugo Fazio, Economista Director CENDA

Confirmar asistencia a : mgallegos@cendachile.cl o al 26883760 – 26883761

yovotosinrepresas@gmail.com / fono 24150857

Los asistentes a  la actividad formularon un petitorio a las autoridades, expresando que la salud pública de esa ciudad “vive una crisis y el casi nulo avance de normalización del hospital local” y exigen “la remoción de los profesionales médicos que trataron a la mujer que falleció”. El ministro de Salud, Jaime Mañalich se encontraba este jueves en Quellón, reunido con autoridades del hospital local.

Ell ex presidente de la FEUC, Giorgio Jackson, dijo que “estamos haciendo una muestra de solidaridad para quienes hoy son protagonistas de la urgencia pública que son los habitantes de Quellón. El pueblo de Quellón se ha levantado por una demanda que no sólo es justa sino una muestra de las condiciones indignas que muchos chilenos tienen que vivir con respecto al cuidado de nuestro sistema de salud (…) todo Chile debe dar muestra de esa solidaridad ante el pueblo de Quellón ante los muchos Quellones que existen a lo largo de nuestro país”.

A la actividad asistieron la Federación de Profesionales de la Salud (Fenpruss); de la Confusam; de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh); de la FEUC y el ahora candidato a diputado independiente por Santiago Centro, Giorgio Jackson y los voceros estudiantiles secundarios de la Aces y Cones.

Fuente: Agencia UPI / Fenpruss

]]> http://accionag.cl/noticias/organizaciones-se-manifiestan-frente-al-minsal-en-apoyo-a-quellon/feed/ 0 http://accionag.cl/noticias/accion-invitada-a-participar-en-comision-para-la-medicion-de-la-pobreza/ http://accionag.cl/noticias/accion-invitada-a-participar-en-comision-para-la-medicion-de-la-pobreza/#comments Tue, 28 May 2013 20:14:02 +0000 accionag http://accionag.cl/?p=7761 La Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales, ACCIÓN AG, fue invitada a exponer ante la comisión presidencial para la Medición de la Pobreza, convocada por el gobierno – e integrada por diferentes expertos-, la que entregó recientemente un primer informe, donde realiza una serie de recomendaciones para mejorar la medición de la pobreza en el país.

En la ocasión, Francis Valverde, vicepresidenta de ACCIÓN, dio a conocer el enfoque que tiene la entidad frente a las políticas en torno a la pobreza e inequidades con una nueva perspectiva de análisis.

Al respecto, Valverde indicó:

“Enfrentamos el tema de la pobreza como un Enfoque de Derechos, entendiendo que la pobreza expresa una vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas. Cada derecho humano se fundamenta en una necesidad que ha adquirido la categoría de derecho humano por considerarse no una carencia sino una condición de desarrollo y expresión de la persona. Los derechos económicos, sociales y culturales requieren ser resguardados y garantizados por los Estados, lo que se entiende en doctrina, como los derechos sobre los cuales el Estado tiene un deber de hacer, es decir, como garante principal debe generar las condiciones para que se generen fuentes de trabajo, haya acceso expedito y de calidad a la salud, educación, seguridad social, vivienda, etc. En otras palabras, el Estado debe invertir recursos económicos y humanos, que aseguren una vida digna y respetuosa de los derechos humanos de todas las personas. Las políticas de desarrollo deben ser por tanto garantistas y no solo asistenciales para enfrentar las situaciones de pobreza”.

Las ONGs socias de ACCIÓN si bien son instancias que trabajan en políticas y programas orientadas al desarrollo, más que en los aspectos técnicos requeridos para medirla, coinciden que la aplicación de los indicadores de la iniciativa OPHI (por sus siglas en inglés, Iniciativa de Desarrollo Humano y Pobreza), sería un avance sustancial a la medición de la pobreza en nuestro país.

Leer el documento que presentó ACCIÓN ante la comisiòn